Una polémica sobre la información relativa a las ayudas a la dependencia ha llevado al PPdeG a denunciar públicamente al gobierno municipal de Redondela. Los diputados autonómicos Julio García Comesaña y Moisés Rodríguez, junto a los ediles populares locales, acusaron al equipo de gobierno de la alcaldesa de manipular y difundir "falsedades" sobre el Bono Coidado de la Xunta de Galicia.

El núcleo de la denuncia se centra en una afirmación que, según el PP, el gobierno local ha reiterado en foros como el último pleno municipal: que aceptar el Bono Cuidado implica salir de las listas de espera para una plaza pública en residencia o para el Servizo de Axuda no Fogar. Los populares insisten en que esta información es "rotundamente falsa".

Los representantes del PP explicaron que el Bono Coidado es una prestación temporal de 5.000 euros, destinada a apoyar a las personas dependientes mientras no se hace efectiva la asignación de una plaza o servicio público. "En ningún caso implica a exclusión das listas de solicitude", afirmaron, asegurando que así lo acreditan las comunicaciones oficiales remitidas por la Xunta a las personas beneficiarias.

Los diputados autonómicos denunciaron que, a pesar de haber aclarado esta cuestión en repetidas ocasiones, el gobierno municipal persiste en lo que califican como un "intento de manipulación especialmente grave" al afectar a un ámbito tan sensible. "Desde o Parlamento de Galicia coñécese perfectamente as características e o funcionamento do Bono Coidado", señaló García Comesaña, acusando al gobierno local de utilizar su posición institucional para "desinformar deliberadamente" a la población y generar "medo e incerteza".

El PPdeG consideró "inadmisible que se xogue politicamente coas axudas á dependencia" y exigió al gobierno de Redondela que "rectifique de inmediato, pida desculpas públicas e deixe de enganar á veciñanza".

Durante el acto, los populares también criticaron lo que llamaron una "dobre vara de medir" por parte del equipo de gobierno. Señalaron que mientras este menosprecia una prestación autonómica, no condena con rotundidad que el Gobierno central "siga sen cumprir a Lei de Dependencia", al financiar solo el 34% de los fondos en lugar del 50% legalmente establecido. Recordaron que esto supone un "agravio comparativo" con comunidades como el País Vasco, que sí se ha comprometido a aportar ese porcentaje.