La crisis de la vivienda en Vigo muestra su rostro más crudo en los juzgados. El BNG ha dado la voz de alarma sobre los datos judiciales del último año, que revelan que en 2025 se produjo una media de casi seis desafiuzamentos cada semana en la ciudad. Ante esta realidad, la formación nacionalista ha exigido al gobierno municipal la activación inmediata de un Plan de Choque dotado con 9,5 millones de euros para hacer frente a lo que califican como "o maior problema social da cidade".

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, subrayó que la gran mayoría de estos desalojos afectan a "familias e persoas empobrecidas" que no pueden asumir los precios de un alquiler que se ha encarecido un 35% desde 2020. Una escalada que ha llevado a que el coste de una habitación en un piso compartido supere ya, de media, los 300 euros mensuais. Lo más grave, según el BNG, es que prácticamente todos estos procesos se ejecutaron sin que ninguna administración pública ofreciese una alternativa habitacional a las personas afectadas.

"Igrexas denunció con dureza la inacción de las instituciones, recordando una declaración del alcalde Abel Caballero en 2015 en la que afirmaba que "a oficina antidesafiuzamentos é a miña mesa". Una década después, el portavoz nacionalista lamenta que el regidor "segue a ollar para outro lado sen despregar ningunha medida concreta" para evitar la pérdida de hogares.

Tres ejes para una intervención urgente

La propuesta del Bloque se estructura en tres pilares fundamentales, financiados mediante modificaciones presupuestarias y el uso de los remanentes municipales. En primer lugar, reclaman 1,5 millóns de euros para crear un programa municipal de alternativas habitacionais que garantice que ningún nuevo desahucio se produzca sin una solución residencial inmediata.

El segundo eje, dotado con 3 millóns de euros, consiste en un plan municipal de axuda ao alugueiro. Este incluiría ayudas directas de hasta 200 euros mensuales para familias con bajos ingresos y un mecanismo facilitador que permita anticipar fianzas, avales y garantías a través de préstamos sin intereses, dirigido especialmente a personas con menos recursos y menores de 35 años.

Por último, el BNG considera imprescindible inyectar 5 millóns de euros adicionais para impulsar definitivamente la Empresa Municipal de Vivenda, un instrumento aún pendiente de constitución legal, con el objetivo de acelerar la creación de un parque público de vivienda social en la ciudad olívica.

Igrexas cerró su intervención con una contundente crítica a la gestión económica del concello, argumentando que "un Concello que vén de deixar sen executar máis de 100 millóns de euros do seu orzamento non pode seguir asubiando mentres a vivenda se converte nun ben de luxo para a maioría social". La presión política sobre este asunto, que afecta a cientos de familias, marca así el inicio del curso político municipal en Vigo.