La futura implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Vigo se topa con una crítica frontal del Partido Popular. El grupo municipal ha tildado de "sinsentido" que estas áreas restringidas al tráfico más contaminante, que deben entrar en vigor a lo largo de este año, vayan a activarse sin que se haya previsto un refuerzo paralelo del servicio de autobús urbano para compensar su impacto en la movilidad.

El portavoz popular, Miguel Martín, ha denunciado la falta de planificación al respecto, señalando que en las "casi 8.000 páginas" del expediente de la nueva concesión del transporte urbano "no existe ninguna reflexión al respecto y en consecuencia ninguna medida a adoptar en el corto plazo". Según el edil, el pliego de condiciones estipula que la nueva empresa concesionaria deberá prestar el servicio "en las mismas condiciones en las que ahora lo hace Vitrasa", ignorando la nueva realidad que supondrán las restricciones.

"A pesar de que la Zonas de Bajas Emisiones supondrán una limitación evidente a la movilidad no se ha previsto compensación alguna desde el transporte urbano para minimizar su impacto negativo", afirmó Martín. El portavoz recordó la urgencia de la medida, ya que las ZBE –previstas para las áreas de Centro, Praza de Portugal, O Calvario y Bouzas– tienen que estar operativas en 2026 para evitar nuevas sanciones económicas. El Concello perdió este 2025 cerca de dos millones de euros en ayudas del Ministerio de Transportes por no haberlas implementado a tiempo.

Los populares vincularon esta crítica a una queja más amplia sobre la gestión del transporte público. Martín lamentó que el gobierno de Abel Caballero se haya "olvidado del transporte público", manteniendo un servicio que, a su juicio, sigue reflejando los "recortes de liñas e frecuencias" de años anteriores. El nuevo contrato de concesión, con una duración de nueve años, no contempla, según el PP, un "incremento de flota" que responda a los nuevos retos de movilidad.

La advertencia del PP pone el foco en una posible descoordinación entre políticas medioambientales y de transporte. Mientras se avanza hacia la restricción del vehículo privado en zonas céntricas para mejorar la calidad del aire, la oposición cuestiona que no exista una oferta pública alternativa reforzada que facilite la transición a los ciudadanos y evite que la medida se convierta en un lastre para la movilidad diaria.