El futuro de la antigua estación de buses de Vigo, cerrada y en total abandono desde hace tres años, vuelve a encender el debate político. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado una propuesta alternativa frente a la posibilidad, barajada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, de derrubar a infraestrutura. La formación aboga por un proyecto que recolla as demandas veciñais y destine el espacio a usos sociocomunitarios, culturales y como aparcamiento público disuasorio.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, reaccionó así a las declaraciones del conselleiro, advirtiendo que "abriu a porta a que falla de acordo entre os Gobernos galego e municipal dilapide esta oportunidade". Frente a lo que califica como "permanente improvisación e cambios de criterio" de Xunta y Concello, Igrexas exigió que ambas administraciones cooperen para elaborar un proyecto de usos que cuente con la participación del vecindario y del tejido asociativo.

La propuesta concreta del BNG pasa por aproveitar as instalacións para espazos culturais, de uso veciñal e servizos para persoas maiores, atendiendo así a la "estrutural e histórica falla de dotacións públicas da contorna". Además, plantea una solución a los problemas de movilidad, proponiendo destinar el espazo inferior que ocupaban as dársenas para instalar un aparcamento público disuasorio en la Avenida de Madrid, una vía por la que circulan cada día más de 50.000 vehículos.

Igrexas recordó la trayectoria de desacuerdos sobre el edificio: "Por un lado, Abel Caballero que valorou a posibilidade de mantela en funcionamento para acabar propoñendo a súa desaparición para convertela nun ermo rodeado de viais e, por outro, a Xunta do PP que primeiro falou de destinala a centro de día e escola infantil para despois propoñer utilizala para o Centro de Asociacionismo".

Frente a esta "lea partidista entre PSOE e PP", el BNG ve imprescindible abrir un "debate construtivo e aberto" para planificar en las instalaciones un "espazo útil para a cidade". La formación insiste en que, tras tres años de cierre, es hora de dar una respuesta coherente que priorice las necesidades sociales y urbanas de Vigo por encima de la confrontación política. La pelota queda ahora en el tejado de las dos administraciones propietarias.