La inminente formalización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) centra el análisis de las organizaciones de consumidores, que trasladan el foco del debate económico a la seguridade alimentaria y la calidad de los productos que llegarán al mercado. Desde estas asociaciones se subraya que el pacto no rebaja los exigentes estándares europeos, pero advierten de que el reto principal será mantener la confianza de la ciudadanía mediante una total transparencia.

La UE ha reiterado que todos los alimentos comercializados en su territorio, independientemente de su origen, deberán cumplir los mismos requisitos en materia de control sanitario, límites de residuos de pesticidas, prohibición de hormonas de crecimiento en la carne, trazabilidad y controles oficiales. Esto implica que ningún producto que no cumpla la normativa europea podrá venderse legalmente en España.

Sin embargo, el acuerdo prevé un aumento de la entrada de productos agroalimentarios del Mercosur, especialmente en categorías sensibles como la carne de vacuno, la carne de ave, el azúcar o ciertos productos agrícolas. Este mayor flujo comercial hará necesario reforzar la vigilancia, los controles eficaces y la información transparente, elementos considerados esenciales para preservar la confianza de los consumidores.

Las asociaciones señalan que el desafío no radica tanto en la seguridad alimentaria objetiva —respaldada por uno de los sistemas de control más estrictos del mundo—, sino en la calidad percibida y las preocupaciones ciudadanas. Parte de la población muestra inquietud por las diferencias en los modelos de producción, el uso de ciertos fitosanitarios o el impacto ambiental de algunas explotaciones en los países de origen. Aunque estas cuestiones no implican automáticamente riesgos sanitarios, sí influyen en las decisiones de compra.

Por ello, las organizaciones de consumidores consideran prioritario reforzar la claridad en el etiquetado de origen, la trazabilidad completa (especialmente en productos cárnicos), la información pública sobre controles y el acceso sencillo a los sistemas oficiales de alerta alimentaria. El objetivo es que una persona consumidora bien informada pueda ejercer su derecho a elegir con libertad y responsabilidad.

Las asociaciones se comprometen a vigilar la aplicación del acuerdo, reclamando transparencia en los controles y garantizando que la apertura comercial no suponga una pérdida de confianza ni una merma de los derechos de la ciudadanía.