La moderación aparente del Índice de Precios al Consumo (IPC), que cerró 2025 en un 2,9%, enmascara una realidad mucho más dura para la economía familiar. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que la inflación subyacente se mantiene en el 2,6% y, lo que es más grave, partidas de gasto esencial han experimentado subidas desproporcionadas que están deteriorando el poder adquisitivo de millones de hogares.

Según el análisis de la organización, lejos de la contención general, los consumidores han enfrentado incrementos de dos dígitos en servicios básicos. La electricidad lidera esta escalada con una subida del 12,6%, consolidando el tercer año consecutivo con la factura media más cara desde la creación de la tarifa PVPC, que ahora se sitúa en 69,34 euros de media.

El transporte se ha convertido en otro foco de presión. El tren subió un 12,2%, en gran medida por la retirada de las ayudas pospandemia, y el metro y tranvía un 8,4%. Sin embargo, el dato más alarmante es el del transporte combinado de pasajeros, que se encareció un 26,7%. Los seguros privados también han contribuido a la sangría presupuestaria, con un aumento del 10,4% en salud y del 8,8% en vehículos, un problema que OCU ya había anticipado.

La partida más inflacionista del año ha sido la tasa de basuras, con una subida interanual del 30,3%. OCU denuncia que este incremento, además de ser desorbitado, no respeta el principio básico de “quien contamina paga”, un hecho que la organización ya ha comunicado a la Comisión Europea.

En el capítulo de alimentación, el panorama es de contrastes. Aunque el IPC de esta partida (2,7%) es ligeramente inferior al general y se registran bajadas significativas como la del aceite de oliva (-31,6%), muchos productos básicos han seguido encareciéndose de forma preocupante. Destacan las subidas de los huevos (+31,3%), la carne de vacuno (+17,2%), el café (+16,3%), las legumbres y hortalizas (+7,3) o la leche entera (+5,2%). Este patrón refleja que la presión inflacionista ha golpeado con especial dureza a los productos frescos y servicios esenciales, afectando más a los hogares con menor capacidad económica.

Ante este escenario, OCU subraya que estas subidas no son anecdóticas, sino que se trata de gastos ineludibles que absorben una parte creciente del presupuesto mensual familiar. La retirada de ayudas y la falta de control en ciertos sectores han generado una inflación real para muchas familias muy por encima del dato oficial del 2,9%.

Por ello, la organización exige medidas urgentes a las administraciones. Entre sus reclamaciones figuran transparencia y competencia en las tarifas eléctricas, la recuperación de ayudas al transporte público, la facilitación de información clara sobre la evolución del coste de los seguros y una revisión profunda de la tasa de basuras, que debe adaptarse al principio de quien contamina paga. En política alimentaria, OCU insiste en la reducción del IVA en la carne y el pescado para equipararlos a otros alimentos básicos.