El programa estatal de alquileres asequibles Casa47 ha encontrado una frontal oposición en Vigo. La presidenta del Partido Popular en la ciudad, Luisa Sánchez, ha tildado el proyecto de "tomadura de pelo" y ha conminado al alcalde, Abel Caballero, a acelerar la creación de una empresa municipal de vivienda que, a su juicio, daría una respuesta real a la crisis de acceso a la vivienda. Las críticas se centran en el primer inmueble habilitado en la ciudad, en la Gran Vía, donde se ofertan 67 viviendas.

Sánchez acusó a la ministra de Vivienda y al regidor vigüense de "vender la moto" con un programa que, según su análisis, incumple sus promesas. "Ni estamos delante de alquileres baratos ni disponibles para todas las rentas", afirmó la dirigente, recordando que los precios llegan a 900 euros mensuales y que el requisito de que la cuota no supere el 30% de los ingresos excluye prácticamente a quienes perciben el salario mínimo.

A esto se suma, denunció, que los pisos se entregan "vacíos, sin amueblar y sin ni siquiera cocina o fregadero". A los inquilinos interesados solo se les concede una carencia de dos meses de alquiler, una ayuda que, a su juicio, "no alcanza ni de lejos para cubrir los importantes gastos" de acondicionamiento. "Una broma, vamos", sentenció.

La líder popular situó esta polémica en un contexto de encarecimiento del mercado, recordando que el alquiler medio en Vigo subió un 7% en el último año, colocando a la ciudad entre las diez con los precios más altos de España. Frente a esto, lamentó que "seguimos esperando por una empresa municipal de vivienda", una herramienta que, según dijo, existe en casi todas las ciudades del tamaño de Vigo y que el alcalde "ha vetado durante sus 18 años" en el cargo.

Sánchez urgió no solo a ponerla en marcha, sino a dotarla con más de los 4,5 millones de euros previstos, una cantidad que, a su parecer, "no llega ni para empezar". También cargó contra la gestión de Caballero, citando como ejemplos de "incapacidad" el proyecto de Santa Cristina, anunciado repetidamente sin materializarse, y un edificio en Esturáns cuya obra, prevista para junio, aún no habría comenzado.

En contraste, la oposición local destacó que la Xunta de Galicia está construyendo en la ciudad 1.600 pisos de protección pública, "muchos destinados a alquileres accesibles de verdad", financiados mayoritariamente con fondos autonómicos y europeos, pero "con cero euros provenientes del Gobierno de España". Sánchez emplazó al Ejecutivo central a rectificar su modelo Casa47 y al alcalde a "hacer algo más que criticar" a quien, según ella, sí está construyendo vivienda pública.