El Concello de Ponteareas ha aprobado definitivamente la tercera modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para 2025, una medida que incluye un incremento salarial para el funcionario que ocupa el puesto de Oficial Administrativo en el departamento de Intervención y Gestión Económica. La actualización, aprobada en el pleno del 30 de diciembre, reconoce una mayor "dedicación" entendida como la "dispoñibilidade horaria superior ou irregular" que requiere este puesto.

La modificación actualiza el complemento específico de este empleado público en 104 puntos adicionales, en base al criterio de valoración de la dedicación. El fundamento, según se detalla en el anexo del acuerdo, es que este departamento, al igual que Tesourería, Secretaría, Alcaldía e a Oficina Técnica, necesita personal administrativo con "dispoñibilidade horaria superior ao resto de persoal da mesma categoría, xa que son moitos asuntos requiren do seu traballo durante as quendas de tarde".

El proceso administrativo para esta modificación comenzó con su aprobación inicial el 26 de agosto de 2025, seguida de un período de información pública. Dentro del plazo establecido, el sindicato CSIF presentó dos alegaciones (con registros 2025-E-RE-9329 y 2025-E-RE-9330) a través de una representante, P.D.S.C. El Pleno municipal, en su última sesión del año, acordó desestimar estas alegaciones y proceder a la aprobación definitiva de la modificación.

La decisión toma como referencia una sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Vigo (num. 236/2025, de 28 de mayo de 2025), que en un procedimiento anterior estimó parcialmente una demanda de este personal funcionario del grupo C2. La sentencia declaró su derecho a percibir retribuciones conforme al convenio y la RPT, incluyendo complemento específico, pero no el complemento de disponibilidad horaria. El Concello argumenta que el incremento aprobado ahora en el complemento específico por mayor dedicación sigue la misma línea de coeficiente aplicada a otras categorías profesionales de la plantilla.

El acuerdo plenario obliga a notificar individualmente la resolución a quien formuló las alegaciones y a remitir copia a las administraciones estatal y autonómica. Contra esta aprobación definitiva cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el propio Pleno en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el juzgado correspondiente de Pontevedra en el plazo de dos meses.