La crisis de vivienda en Vigo es el resultado inequívoco de un doble fracaso institucional. La Xunta de Galicia, con su Plan de Vivienda 2024-2028, ha anunciado la construcción de 5.300 viviendas protegidas en la ciudad, de las cuales 929 estaban en marcha a finales de 2025. Sin embargo, este plan sigue siendo insuficiente frente a las más de 7.000 solicitudes registradas y no aborda la emergencia inmediata que viven miles de vigueses. Los anuncios a medio plazo no solucionan los desahucios, los alquileres abusivos ni la angustia de quienes no pueden pagar una habitación que ya supera los 376 euros de media.

Este fracaso no sería tan grave si no fuera compartido. El Concello de Vigo, liderado durante 18 años por Abel Caballero, ha convertido la vivienda pública en una promesa incumplida. Su famoso compromiso de construir 6.000 viviendas protegidas y crear una empresa municipal se ha desvanecido con el tiempo. Pero lo más grave es su inacción actual: tiene desde abril de 2025 un informe que identifica 17 zonas tensionadas en la ciudad y se niega sistemáticamente a declarar esta figura legal que permitiría congelar y reducir los precios de alquiler inmediatamente. Su parálisis es cómplice de la especulación.

Mientras las dos administraciones se culpan mutuamente, el problema se agrava. La Xunta ofrece soluciones a largo plazo que llegan tarde, y el Concello se niega a aplicar las medidas de emergencia que tiene a su alcance. Esta negligencia coordinada tiene consecuencias devastadoras: Vigo lidera los precios del alquiler en Galicia, tiene más de 22.000 viviendas vacías mientras miles no encuentran techo, y su oferta de pisos turísticos quintuplica la de alquiler residencial tradicional.

La solución requiere que ambas instituciones asuman sus responsabilidades de inmediato. La Xunta debe acelerar radicalmente su plan y garantizar que las viviendas prometidas sean una realidad tangible, no solo cifras en un documento. El Concello debe declarar ya la zona tensionada, aplicar todas las medidas de contención de precios y destinar todo el suelo público disponible a vivienda verdaderamente asequible. Los vigueses no necesitan más excusas institucionales; necesitan techo.