La renovación del servicio de transporte urbano en Vigo se ha convertido en un choque político de primera magnitud. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado una moción para el próximo Pleno en la que exige la suspensión inmediata del procedimiento de licitación de la nueva concesión, impulsado por el gobierno de Abel Caballero. Los nacionalistas tachan el pliego de condiciones de "más de lo mismo pero con un coste mucho mayor" y advierten de que supondría "hipotecar a la ciudad durante nueve años más con un servicio insuficiente y deficiente".

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, presentó la iniciativa en una rueda de prensa, subrayando que el final de la actual concesión de Vitrasa, basada en un pliego de 1994, es una "gran oportunidad" que se está dilapidando. Sin embargo, consideró "muy decepcionantes" las condiciones fijadas por el gobierno local. "Basicamente é máis do mesmo pero cun custo económico moito maior", criticó.

Según el análisis del BNG, el nuevo contrato mantiene el mismo número de autobuses y de personal, sin incrementos, y establece un kilometraje máximo que seguiría por debajo de los niveles prepandemia. Esta falta de ambición, denuncian, ignora por completo las principales demandas ciudadanas recogidas en un estudio técnico encargado por el propio Concello, que costó cerca de 400.000 euros.

"Con estes pregos o propio Concello fai inviábel, e demostra que non ten vontade de mellorar o servizo de bus", afirmó Igrexas. Además, alertó de que se desconocen posibles modificaciones en el obsoleto mapa de líneas, una reforma prometida desde hace más de una década. "Unha mudanza longamente prometida... que todo apunta volverá a ser desatendida", cuestionó.

A pesar de no incorporar mejoras sustanciales, el BNG destaca que el contrato incrementará "de forma moi significativa" los costes, lo que previsiblemente se traducirá en una mayor subvención municipal y en un aumento de las tarifas, ya las más caras de Galicia. "Imos pagar máis polo mesmo servizo insuficiente e deficiente, pero con buses máis novos", subrayó Igrexas.

Un modelo público como alternativa

Frente a esta renovación de la privatización, el BNG plantea un modelo de gestión pública a través de una empresa municipal. Esta alternativa, defendida también por colectivos vecinales, se presenta como "perfectamente viable" dados los medios que revertirán al Concello al final de la concesión.

El modelo propuesto se basaría en varios ejes: el diseño de un nuevo mapa de líneas que mejore la conexión entre barrios y parroquias; el aumento de frecuencias (diurnas, nocturnas y de fin de semana); la creación de una línea CERO entre Teis y Navia; la ampliación de la transferencia gratuita a dos transbordos en 60 minutos; y una reducción del precio del billete. Esta bajada incluiría la gratuidad permanente para menores de 15 años, personas desempleadas y en situación de vulnerabilidad social.

Para definir este futuro, el BNG pide también la convocatoria urgente del Consello Sectorial de Transportes para debatir de manera participativa las condiciones del nuevo servicio.

Denuncia del "fracaso" del modelo actual

La moción fundamenta su rechazo en lo que califica como "deterioro progresivo" del servicio bajo Vitrasa. El portavoz nacionalista enumeró deficiencias como el recorte de más de 250 frecuencias diarias tras la pandemia, la supresión de líneas necesarias y la implementación de un sistema de frecuencias variables que "xera incerteza". El resultado, denunció, son "agardas interminábeis e autobuses que chegan de maneira amoreada".

Criticó además un mapa de líneas que "deixa mal comunicados" barrios y equipamientos estratégicos como hospitales, el campus o polígonos industriales, así como una cobertura nocturna "claramente insuficiente" y una falta de coordinación con otros modos de transporte.

Moción de urxencia polo accidente do Saltamontes

En un asunto separado, el BNG registró una moción de urxencia tras la imputación de la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño, por el accidente mortal del Saltamontes en las fiestas de Matamá en 2024. Para la formación, esta decisión judicial "verifica a existencia de indicios sólidos dunha eventual responsabilidade municipal".

Igrexas calificó el hecho de "gravísimo" y criticó que, 538 días después, no se hayan dado "explicacións suficientes nin se asumise ningunha responsabilidade". Por ello, la moción reclama el cese inmediato de la concelleira y la creación de una Comisión Especial de Investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. También exige la elaboración urgente de un protocolo municipal de inspección de atracciones y dotar de medios a los servicios implicados.

"A veciñanza de Vigo ten dereito a coñecer toda a verdade do acontecido", remachó el portavoz, subrayando la necesidad de evitar que una tragedia así se repita.