El Gobierno gallego ha presentado un conjunto de medidas para proteger al sector primario frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la creación de un Observatorio de Prezos de Galicia, un plan de control específico para productos importados y un impulso a la comercialización y exportación de los productos gallegos.

Rueda afirmó que el objetivo es "dar certezas y estabilidad" a agricultores y ganaderos, en un momento en que el tratado podría aplicarse provisionalmente sin las garantías completas del Regulamento de salvagardas. "Hay que garantizar que cualquier producto que entre en Galicia cumple con los mismos requisitos" que los producidos aquí, subrayó.

La Xunta implementará un amplio plan de control en la comunidad para vigilar las importaciones, supervisando "la presencia de sustancias no permitidas, las condiciones sanitarias o su correcta etiquetación y trazabilidad". En paralelo, el nuevo observatorio hará un seguimiento del mercado agroalimentario.

Además, el Ejecutivo autonómico solicitará al Gobierno central y a la Comisión Europea que no activen el acuerdo de manera provisional mientras no se aseguren todas las garantías. También pedirá un refuerzo de los controles fronterizos y que se incluya un mayor número de Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) gallegas en el tratado, pues actualmente solo se contemplan dos.

La estrategia se completa con el reforzamiento de la promoción de productos de proximidad, el desarrollo de un plan para impulsar las exportaciones –en especial de sectores como el lácteo o el vitivinícola– y campañas para fomentar el consumo de producción local.

A nivel comunitario, Galicia impulsará un frente común con otras comunidades y organizaciones agrarias para defender los intereses del sector en la futura Política Agraria Común (PAC), que, según Rueda, debe contar con más fondos y menos burocracia. "Los fondos no pueden disminuir", reiteró.

Estas medidas son el resultado de semanas de contacto de la Consellería do Medio Rural con los agentes del sector para evaluar el impacto del acuerdo, que presenta tanto riesgos como oportunidades para una comunidad con un tejido agroalimentario familiar y altamente desarrollado.