La tensión entre la gestión de la especie y la protección de la actividad ganadera llega a un nuevo punto crítico. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció esta semana  que la Xunta de Galicia y los concellos más afectados solicitarán formalmente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que levante la suspensión que paraliza las medidas de control del lobo. Esta decisión se adopta tras el incremento de ataques denunciado por los municipios y por una asociación vecinal, que alertan de daños a la ganadería y de la creciente cercanía de los ejemplares a zonas habitadas.

El anuncio se produjo tras una reunión de la conselleira con representantes de los concellos de Curtis y Cerdedo-Cotobade, dos de las localidades que han presentado escritos denunciando la situación. En estos documentos, según Vázquez, se detalla "unha escalada dos ataques do lobo", que está afectando tanto a la viabilidad económica de las explotaciones como a la seguridad ciudadana, al producirse "cada vez máis cerca de núcleos de poboación".

La estrategia legal de la Xunta consiste en trasladar al tribunal cada uno de estos informes municipales, que especifican el número de avisos registrados, así como un escrito presentado por la Asociación de Veciños de Viladóniga-Vilasanche, en Ferrol. Con esta documentación, la conselleira espera demostrar la "preocupación" vecinal y la necesidad de retomar las medidas de gestión.

El conflicto legal tiene su origen en la decisión de marzo de 2025 de retirar al lobo al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). Esta modificación permitió a la Xunta reactivar el plan de gestión de la especie vigente hasta 2021, que contempla medidas de control excepcionales en casos muy concretos de daños. Sin embargo, la aplicación de este plan fue suspendida posteriormente por un auto judicial, contra el que el Gobierno gallego ya presentó un recurso.

Ahora, la Xunta espera que, con la nueva información aportada por los concellos y los vecinos, la justicia se pronuncie sobre su recurso y levante la suspensión. El objetivo es recuperar la capacidad de autorizar intervenciones de control sobre la especie, un instrumento que consideran esencial para equilibrar la conservación del lobo con la protección del sector ganadero y la tranquilidad de los habitantes de las zonas rurales.

La decisión judicial que se espera será crucial para definir el marco de convivencia entre la especie y la actividad humana en el rural gallego durante los próximos años.