El modelo de vivienda pública promovido por el Gobierno central en Vigo es inaccesible para la mayoría de la ciudadanía, según la Xunta. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, intervino esta semana  en el Parlamento gallego para denunciar que los alquileres de las 67 viviendas ofertadas en Vigo por la entidad estatal Casa 47 son 1,4 puntos superiores al precio medio de la vivienda libre en la ciudad y casi 7 puntos más caros que los de las promovidas por la administración autonómica.

Allegue detalló que el precio previsto por Casa 47 es de 8,8 euros por metro cuadrado, frente a los 7,4 euros que es el importe medio del alquiler libre en Vigo, según los depósitos de fianzas del IGVS. Este precio contrasta aún más con el de la vivienda pública de la Xunta, que oscila entre 1,2 y 2 euros por metro cuadrado, y con el de la vivienda protegida, cuyo máximo legal está entre 5 y 5,9 euros.

La conselleira puso ejemplos concretos: una vivienda de Casa 47 con 2 dormitorios (79 m²) tendría un alquiler de 805 euros, y una de 3 dormitorios (93 m²) ascendería a 887 euros. Allegue reivindicó de nuevo la cesión de estos activos a la Xunta, donde se calificarían como vivienda pública con protección permanente y se alquilarían a los inscritos en el registro de demandantes por un máximo de 2 euros por metro cuadrado. En ese escenario, el precio de los mismos pisos sería de 158 euros al mes para los de 2 dormitorios y de 186 euros para los de 3, frente a los 805 y 887 euros actuales.

La titular de Vivenda argumentó que el proyecto estatal no se ajusta a la realidad económica de los vigueses. Para afrontar los alquileres de Casa 47, una familia necesitaría ingresos netos mínimos de 2.683 euros al mes para un piso de 2 dormitorios y de 2.956 euros para uno de 3, dado que la renta no puede superar el 30% de los ingresos. Según sus datos, el 84% de estas viviendas exigen ingresos de al menos 2.000 euros netos mensuales, dejando fuera a la mayoría de la ciudadanía, cuyos ingresos medios son de 1.786 euros según la Agencia Tributaria.

La Xunta lamentó que el Ejecutivo central "no estea a dar resposta ao problema estrutural da vivenda", frente a lo cual la administración gallega afirmó trabajar "poñendo o acento na construción, no desenvolvemento de solo, na redución da burocracia e nas medidas que incentiven ao sector". La crítica de Allegue sitúa el foco en la batalla política por el modelo de vivienda pública y su accesibilidad real, reclamando para Galicia un mayor control sobre los activos y los precios.