La modernización de la administración de justicia en Galicia avanza paso a paso. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, presidieron este pasado  jueves la Comisión Mixta de Xustiza, donde se analizó el estado de implantación de la tercera fase de la Ley de Eficiencia Judicial en la comunidad, centrada en las siete grandes ciudades gallegas.

Esta fase III completa la transformación iniciada en julio de 2025, cuando entró en vigor la fase I en 38 partidos judiciales de los 45 existentes, afectando a oficinas de justicia y juzgados de paz. Ahora, el proceso se está aplicando en los siete partidos restantes (correspondientes a las principales ciudades), transformando también los antiguos juzgados en secciones de los tribunales de instancia.

Según se detalló en la reunión, el despliegue sigue un cronograma específico. En Ourense, que funcionó como ciudad piloto, y en A Coruña, donde acaba de implantarse, la nueva estructura de la oficina judicial ya está prácticamente transformada y se celebran juicios con normalidad. En el resto de ciudades, ya se cubrieron los servicios esenciales (guardia, violencia sobre la mujer e instrucción) y se están desplegando el resto de áreas.

Actualmente, se están habilitando los permisos tecnológicos del personal funcionario, con la previsión de finalizar esta tarea a principios de febrero. Posteriormente, se procederá a la reubicación física del personal en sus espacios definitivos. El cronograma también incluye un plan de acompañamiento formativo y de capacitación para los profesionales, incluyendo el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas.

Reactivación de la Xunta de Expurgo y crítica a la dotación estatal

En la reunión también se abordó la reactivación de la Xunta de Expurgo, un órgano necesario para identificar, clasificar y, en su caso, destruir los expedientes judiciales ya finalizados, con el fin de liberar espacio en los juzgados. Para ello, será necesario formalizar nuevos contratos para la catalogación de estos expedientes.

Por otra parte, la Xunta aprovechó la ocasión para criticar el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Justicia que prevé la creación de 500 nuevas unidades judiciales para 2026 en toda España, de las cuales solo 19 corresponderían a Galicia (menos del 4%). El Gobierno gallego considera esta cifra "insuficiente" en proporción a la población y lamenta la "deslealtad" del Ejecutivo estatal por avanzar en la tramitación sin recoger el informe preceptivo de las comunidades autónomas.

Además, la Xunta echó en falta que el proyecto no prevea nuevas unidades en tribunales de instancia de localidades como Vilagarcía, Viveiro, Carballo o Sarria, y que no se cree ninguna plaza en el TSXG (en la sala de lo Social) ni en la sección 6ª de la Audiencia de Pontevedra en Vigo, una de las más saturadas. Tampoco se contempla la segunda plaza que precisa el Mercantil de Vigo, que es, con diferencia, el órgano judicial que soporta el mayor porcentaje de asuntos nuevos de toda Galicia.