La polémica ordenanza que regula el control del estacionamiento mediante cámaras en Tui se enfrenta a un nuevo frente: los tribunales. El portavoz del Partido Popular en Tui, Nico Montes, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esta norma municipal, al considerarla "innecesaria, costosa y lesiva para los derechos de la vecindad". En su recurso, solicita al órgano judicial que acuerde la suspensión de su entrada en vigor mientras se tramita el procedimiento.

Montes explicó que actúa "por compromiso" con los vecinos y comerciantes ante una iniciativa que "supone un despilfarro, no va a mejorar la situación del estacionamiento y atenta contra la privacidad". La ordenanza fue aprobada en pleno aprovechando la ausencia de un concejal, una circunstancia que permitió al gobierno socialista sacar adelante una norma muy contestada y que, según el PP, no resuelve el problema real del aparcamiento.

El grupo municipal popular alerta de que la medida supone un gasto de más de 120.000 euros para controlar apenas unas 50 plazas de estacionamiento, un coste que consideran "absolutamente desproporcionado" y difícil de justificar, especialmente en un Ayuntamiento con una situación financiera delicada y múltiples necesidades sin atender.

El portavoz atribuyó el trasfondo de esta medida al "gravísimo problema de aparcamiento" que sufre Tui, agravado en la última década. "Fueron incapaces de construir el tan demandado aparcamiento público —llegando incluso a rescindir de manera costosa un contrato ya adjudicado y abandonando posteriormente el proyecto— y, paralelamente, continuaron con la destrucción de plazas existentes mediante una política errática de humanizaciones", explicó Montes.

El PP subraya también que la ordenanza no mejora la movilidad ni favorece al comercio local, al tiempo que genera serias dudas en materia de protección de datos y privacidad, al contemplar la captación de imágenes y matrículas sin garantías suficientes. Por ello, el recurso solicita también la suspensión cautelar de su aplicación mientras no haya un pronunciamiento judicial.

"El gobierno local opta por gastar 120.000 euros en vigilar a los vecinos en lugar de invertir en soluciones reales al problema del aparcamiento", señaló Montes, quien defendió alternativas como una zona azul gratuita y bien planificada que facilite la rotación y apoye al comercio sin penalizar a la ciudadanía.

El Partido Popular concluye que esta ordenanza es un nuevo ejemplo de "improvisación y mala gestión", que no resuelve los problemas de fondo, incrementa el gasto público y puede alejar a visitantes y compradores, perjudicando a la economía local.