Galicia entrará de lleno en la batalla legal por la gestión del lobo ibérico. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció este viernes que la Xunta se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la ley estatal que retiró a la especie al norte del Duero del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESRPE). El anuncio se produjo en Santander, durante una reunión con las comunidades del norte que forman un frente común en este asunto: Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid.

Vázquez defendió la norma, aprobada por mayoría en el Congreso, como un acto de "xustiza" que responde a una reclamación unánime de las autonomías "loberas" desde 2021. En esa fecha, criticó, el Gobierno central decidió "por motivos ideolóxicos e de xeito arbitrario -sen informes científicos nin técnicos que o avalasen-", incluir al lobo en el LESRPE, elevando su protección e impidiendo controles incluso ante daños recurrentes al ganado.

La responsable gallega expuso la compleja situación en Galicia, donde el censo de 2022 registra 93 manadas y una presencia en más del 90% del territorio. Los ataques aumentaron un 72% respecto a 2021 y el número de reses afectadas un 55%, lo que equivale a que "cada día son atacados polo lobo nove animais". Pese a la salida del lobo del LESRPE, Galicia es la única comunidad del norte que no puede ejecutar acciones de control debido a la suspensión cautelar de la orden autonómica por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

"Galicia vai seguir do lado dos gandeiros defendendo os seus intereses ante o TSXG", afirmó Vázquez, defendiendo la compatibilidad entre la protección del sector y la conservación de la especie. Este bloqueo judicial contrasta con la situación en otras regiones y agrava la tensión en el medio rural.

Las comunidades reunidas arremetieron contra el Gobierno central por dos incumplimientos graves. Primero, la no convocatoria de la Conferencia Sectorial necesaria para aprobar el informe sexenal sobre el estado del lobo, documento que debía haberse enviado a Bruselas en julio de 2025. Vázquez insinuó que el Ejecutivo "está a dilatar ese envío porque os resultados dos informes remitidos por Galicia e outras comunidades non son os que el desexaría", al confirmar que el estado de las poblaciones al norte del Duero es favorable.

En segundo lugar, denunciaron el impago de las ayudas para prevención y compensación de daños. Solo a Galicia, el Ministerio para la Transición Ecológica le adeuda 12 millones de euros de los ejercicios 2022, 2023 y 2025. Esta falta de fondos, unida a la imposibilidad de aplicar controles, sitúa a los ganaderos gallegos en una situación de máxima vulnerabilidad.

El movimiento conjunto de las ocho comunidades supone una presión política y judicial sin precedentes para desbloquear una gestión autonómica de la especie basada, a su juicio, en criterios técnicos y alejada de posturas ideológicas, mientras reclaman soluciones urgentes para un conflicto que se agrava día a día en el campo.