El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente una demanda contra la Consellería de Educación y ha condenado a la Xunta a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un menor por los daños derivados de una gestión deficiente durante la investigación de una posible situación de acoso escolar.

La Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo entiende que, si bien no se pudo declarar judicialmente la existencia de acoso escolar, sí se produjo una "actuación insuficiente en la respuesta de la administración educativa" a la denuncia presentada por los progenitores durante el curso 2022/2023. Esta negligencia, según la sentencia, generó un perjuicio claro al niño.

El fallo, que aún no es firme al poderse recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, analiza detenidamente el procedimiento seguido por el centro educativo y la consellería. Los magistrados señalan en su escrito que, tras revisar las pruebas, es posible deducir "una más que probable insuficiencia en las labores de investigación de la situación, así como un nivel débil de protección al menor".

La resolución es especialmente crítica con el desarrollo práctico del protocolo. Describe la actuación del centro como "poco coordinada, errática, hasta se podría decir que improvisada", tanto en la fase de investigación inicial como en la implementación de medidas de acompañamiento para el alumno. Esta deficiencia se habría producido "incluso habiendo rechazado la administración la existencia de ese acoso escolar" en su resolución administrativa de noviembre de 2023, que ya era firme.

Por todo ello, el TSXG concluye que es procedente reconocer la responsabilidad patrimonial de la Xunta. La indemnización de 9.000 euros compensa el daño sufrido por el menor "a raíz de la actuación de la administración educativa durante su labor de investigación de una situación de acoso escolar y en la implementación de medidas de acompañamiento".