El conflicto entre el jabalí y la ganadería extensiva busca nuevas soluciones en Galicia. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo recientemente una reunión con la Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta (Asoporcel) para evaluar fórmulas que refuercen el control de la especie y protejan las explotaciones de esta raza autóctona. Entre las medidas específicas planteadas destaca la posibilidad de instalar gaiolas trampa en granjas y cultivos con daños reiterados, cuando no existan alternativas viables.

Vázquez, acompañada por la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, explicó que estas jaulas ya se emplean como alternativa a las acciones cinegéticas en zonas urbanas, periurbanas y espacios naturales protegidos, y que su uso podría extenderse a casos concretos que afecten al Porco Celta. "Podería ampliarse o seu uso a casos de interese para Asoporcel sempre que o resto de medidas postas en marcha pola comunidade non dean resposta a problemas específicos", afirmó la conselleira.

El encuentro se enmarca en el contexto de la emergencia cinexética declarada en Galicia –la quinta desde 2019–, que está vigente desde mediados de octubre de 2025 y se prolongará hasta el 22 de febrero. Este mecanismo cubre más del 80% del territorio y permite la captura de jabalíes todos los días del año, con el objetivo de reducir el riesgo y el tamaño de las poblaciones en las áreas de mayor incidencia.

La responsable autonómica recordó que la emergencia es un instrumento provisional y extraordinario, complementario a la caza reglada y a las actuaciones de control por daños que se desarrollan en paralelo conforme a la normativa anual. No obstante, reconoció la necesidad de explorar herramientas adicionales y focalizadas para un sector, el del Porco Celta, que practica una ganadería extensiva especialmente vulnerable a las incursiones de fauna silvestre.

La propuesta de las gaiolas trampa representa una alternativa de control selectivo y localizado, dirigida a ejemplares concretos que causen daños recurrentes en explotaciones específicas. Su implementación dependerá de un análisis técnico caso por caso, asegurando que se aplica solo cuando el resto de medidas –incluidas las batidas autorizadas bajo la emergencia cinegética– no hayan dado resultado. Con esta aproximación, la Xunta busca equilibrar la protección de una actividad económica tradicional y la gestión de una especie silvestre cuya sobrepoblación genera crecientes conflictos en el medio rural gallego.