El servicio de bomberos del Consorcio Provincial de Pontevedra trabaja en condiciones que incumplen la ley de prevención de riesgos laborales desde hace más de un año, según ha denunciado públicamente su delegado de seguridad y salud, Adrián Pena. El origen del conflicto es la no aplicación de una evaluación de riesgos psicosociales que, aprobada en abril de 2024, establecía como medida prioritaria y urgente una dotación mínima de seis efectivos por turno y parque.

Este documento técnico, de obligado cumplimiento, fijó un plazo máximo de seis meses para su implantación, que expiró el 25 de octubre de 2024. A día de hoy, según la representación de los trabajadores, "acumúlase máis dun ano de atraso sen que se producise ningunha aplicación efectiva" de sus medidas. Mientras, el servicio continúa operando con dotaciones de sólo tres bomberos por turno, la mitad de lo establecido.

La evaluación determina que el servicio mínimo por turno debe componerse de un jefe de turno (cabo), dos binomios operativos (cuatro bomberos) y un bombero-conductor. A esta plantilla se suma la presencia permanente de un jefe de parque (sargento) y un coordinador (suboficial) las 24 horas. Esta organización responde a criterios técnicos y preventivos considerados "imprescindibles para garantir intervencións seguras".

Adrián Pena, delegado de prevención y miembro del comité de empresa, advierte de que esta situación compromete la seguridad "nin para o persoal nin para a cidadanía", en un servicio esencial que afronta intervenciones de alto riesgo. La denuncia subraya que la decisión de mantener dotaciones insuficientes es "de carácter exclusivamente político" y ajena a los criterios de seguridad laboral.

La Inspección de Trabajo ya ha emitido dos requerimientos al Consorcio por esta falta de aplicación de medidas preventivas, sin que se hayan adoptado soluciones estructurales. Los bomberos critican que las medidas necesarias no se hayan vinculado a los presupuestos de 2025 ni a los de 2026. La previsión de contratación para este año se limita a cuatro bomberos por parque, una cifra muy inferior a la necesaria.

Para cumplir con la evaluación de riesgos, calculan que sería necesario incrementar la plantilla en aproximadamente nueve o diez bomberos por parque, además de los cuatro ya previstos, para cubrir turnos, descansos, formación y contingencias.

"As consecuencias finais da falta de persoal e do incumprimento das medidas preventivas non recaen unicamente no persoal operativo, senón que afectan directamente á cidadanía", afirma Pena, al comprometer la seguridad de las intervenciones, los tiempos de respuesta y la capacidad real del servicio de emergencias. La representación legal de los trabajadores ha anunciado que seguirá trasladando esta situación por los cauces institucionales para exigir un servicio "seguro, eficaz e acorde á normativa vixente".