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Miércoles, 04 de Febrero de 2026 Tiempo de lectura:
VIGO

El PP de Vigo pide de nuevo el cese de la concejala de Seguridad por declarar investigada

La crisis política en el gobierno de Abel Caballero se recrudece. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha calificado de "inaceptable" que la concejala de Fiestas y Seguridad, Patricia Rodríguez, haya comparecido este pasado martes ante la jueza como investigada por el 'caso saltamontes' sin haber dimitido o sido cesada previamente de su cargo. Rodríguez está imputada en la causa que investiga el accidente mortal ocurrido en una atracción durante las fiestas de Matamá en agosto de 2024, en el que falleció un joven.

 

 

"Más allá de las responsabilidades judiciales que están por dirimir, hay también una responsabilidad política de la que este gobierno y su alcalde no puede escapar", subrayó Sánchez en un duro comunicado. La dirigente popular recordó que en el pleno de enero presentaron una moción de urgencia para exigir su cese, una iniciativa que el PSOE de Caballero "vetó" con su mayoría absoluta, convirtiéndose, a su juicio, en "cómplice político" de la situación.

 

La oposición apunta a una "negligente actuación" del departamento que dirige Rodríguez, alegando que el Concello ni inspeccionó la atracción ni ordenó su precinto ante la falta de autorización municipal. "¿Por qué se niega a cumplir con su obligación moral y política? ¿Acaso tiene algo que esconder? Porque no hay excusa que valga ante la gravedad de los hechos", cuestionó Sánchez.

 

El PP ha vuelto a exigir este martes el cese o dimisión "inmediata" de la edil, argumentando que es "inasumible" que siga al frente de un área cuestionada en los tribunales por un suceso tan grave. Además, Sánchez reveló que los padres del joven fallecido todavía no han sido recibidos por el alcalde, a pesar de haberlo solicitado.

 

Con esta nueva embestida, la oposición busca forzar una crisis de responsabilidad política en el gobierno local, acusando a Caballero de "esconderse" y de no dar explicaciones ni actuar en consecuencia. El caso, que cumple ya un año y medio, se ha convertido en un foco de tensión permanente que amenaza con erosionar aún más la gestión del equipo de gobierno vigente.

 

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