El Gobierno gallego ha puesto un último plazo de un mes al Ministerio de Transportes del Gobierno central para que facilite la documentación sobre la respuesta española a la Comisión Europea respecto al ditame sobre las prórrogas de la AP-9. De no obtenerla, la Xunta anunció que recurrirá a la vía judicial para defender, según afirma, los intereses de Galicia en esta infraestructura estratégica.

Según ha podido saber Xornal21.es, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ya requirió hace más de tres meses acceso a la información que España remitió a Bruselas tras el dictamen motivado de septiembre, en el que la Comisión Europea cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria de contratación pública. Ante el silencio administrativo, la Xunta ha enviado ahora un nuevo requerimiento, que constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

El expediente comunitario es de gran trascendencia, ya que Bruselas advirtió de que España podría ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE si no adopta las medidas oportunas. La Xunta reitera que la solución pasa por el rescate de la concesión y la eliminación de los peajes, una reivindicación unánime del Parlamento gallego.

El Ejecutivo autonómico actualizó en agosto de 2025 el cálculo del coste del rescate, elevándolo a 2.356 millones de euros, cifra que incluye un incremento de 65 millones en el llamado "lucro cesante" de la concesionaria debido al aumento de sus beneficios. La Xunta sostiene que la gestión estatal ha resultado "prexudicial", con subidas continuadas de peajes y un "enriquecemento progresivo" de la empresa concesionaria, mientras se niega a Galicia una reversión como la aplicada en otras autopistas españolas.

La AP-9 vertebra el 60% del territorio gallego, con una intensidad media diaria de 26.000 vehículos, que en algunos tramos alcanza los 60.000.