La Fundación Érguete-Integración ha elevado una denuncia formal ante la Valedora do Pobo por lo que considera un "retroceso histórico" en las políticas de reinserción. La entidad presentó este miércoles en Santiago de Compostela un informe que analiza las "consecuencias de la supresión del subsidio de excarcelación", una ayuda específica eliminada e integrada en el régimen general del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde noviembre de 2024.

Según el documento, esta reforma, recogida en el Real Decreto-ley 2/2024, "ignora la singularidad del proceso de excarcelación" y erosiona el principio constitucional de reinserción social. La fundación, con más de veinte años de experiencia en centros penitenciarios gallegos, alerta de que la medida está teniendo consecuencias directas: aumento de la exclusión social, mayor desprotección y un incremento del riesgo de reincidencia.

"El nuevo marco penaliza especialmente a las personas que carecen de apoyo familiar, vivienda estable o documentación en regla", señala el informe. Además, critica que se burocratice el acceso a la protección social y se traslade a las unidades de convivencia la responsabilidad económica de la persona excarcelada, desapareciendo también el componente restaurativo hacia las víctimas en delitos graves.

El impacto se agrava en Galicia, según Érguete, debido a la limitada red de recursos residenciales y de inserción laboral autonómicos, a lo que se suma que la población excarcelada en la comunidad presenta elevados niveles de desempleo y desestructuración familiar. "Los servicios sociales municipales no disponen de los medios necesarios para ofrecer respuestas inmediatas a este colectivo", añaden.

Ante la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, la fundación solicitó que analice de oficio este impacto y promueva medidas correctoras. Entre sus propuestas figura evaluar exhaustivamente las consecuencias, revisar el marco normativo para reconocer la excarcelación como situación específica de vulnerabilidad en la ley del IMV, o crear una prestación transitoria automática gestionada desde Instituciones Penitenciarias.

El subsidio de excarcelación, creado en 1995, era una ayuda temporal concebida como puente entre la prisión y la vida en libertad. Su desaparición, sostiene Érguete, genera un vacío de protección en las primeras y críticas semanas tras salir de prisión, comprometiendo gravemente el proceso de reinserción.