Galicia dispondrá de su base aérea contra incendios forestales más grande en el municipio de Lalín, según confirmó esta semana la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante una visita a las obras de la instalación. La infraestructura, con una inversión superior a los 3,2 millones de euros, está diseñada para albergar hasta seis helicópteros de forma simultánea en caso de emergencia.

Las instalaciones, que se sumarán a las 14 bases ya operativas, constarán de un edificio con una planta soterrada para aparcamiento y otra superior destinada a estancia de brigadas y tripulaciones, equipada con ocho habitaciones con baño. Además, contará con una torre de control para emisoristas, garantizando, según la conselleira, "todas las condiciones precisas para desarrollar el trabajo del personal de lucha contra los incendios".

María José Gómez, que estuvo acompañada por el director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco, y el alcalde de Lalín, José Crespo, enmarcó esta obra dentro de un esfuerzo inversor más amplio. Destacó que este mismo año se destinarán más de 9 millones de euros a mejorar la red pública de bases aéreas, incluyendo un nuevo aeródromo en Valga y la ampliación de las bases de Campiño (Pontevedra) y Antela (Sandiás).

La conselleira resaltó que el objetivo es disponer de más recursos en el territorio y una mayor dotación de medios aéreos. Para 2026, el dispositivo autonómico contará con ocho aviones de carga en tierra y un total de 22 medios aéreos propios, cifra que supera los 30 al sumar los aportados por el Gobierno central.

El presupuesto global para prevención y extinción de incendios forestales alcanzará este año los 116 millones de euros, según los datos ofrecidos. De esta cantidad, 75,38 millones se destinarán a prevención, lo que supone un incremento del 50% respecto al año anterior, mientras que 40,6 millones se orientarán a labores de extinción.

Gómez también se refirió al nuevo convenio para la gestión de la biomasa en fajas secundarias, firmado con la empresa pública Seaga y al que ya se han adherido 131 concellos. Este acuerdo movilizará anualmente 25 millones de euros para apoyar a ayuntamientos y propietarios en tareas de prevención.