El malestar en la sanidad pública de Vigo tiene un aliado político de peso. El alcalde, Abel Caballero, reiteró este jueves su apoyo explícito a los sanitarios de la Comisión de Centro de Atención Primaria que se concentraron ante el centro de salud de la rúa Cuba para denunciar la "crítica" situación de la atención primaria y las urgencias en el área viguesa. Caballero agradeció la movilización a los profesionales "porque están a defender á xente de Vigo e aos seus pacientes", y advirtió de que la situación empeorará con la apertura en marzo del nuevo centro de salud Olimpia Valencia en Coia.

"La situación actual empeorará coa apertura, o próximo mes de marzo, do novo centro de saúde Olimpia Valencia en Coia porque supoñerá o peche de dous centros de primaria: o Nicolás Peña e López Mora", alertó el regidor. A esto, según detalló, se sumará el traslado de consultas de familia de cuatro centros más (Pintor Colmeiro, Coia, Rúa Cuba y Beiramar) y el cierre de la pediatría en otros cuatro (Nicolás Peña, Pintor Colmeiro, López Mora y Coia).

La protesta de los sanitarios puso el foco en problemas estructurales que, según Caballero, la Xunta de Galicia no está resolviendo: listas de espera de hasta 15 días para conseguir una consulta en Primaria, la existencia de cupos sin profesionales de referencia, la saturación del Punto de Atención Continuada (PAC) de la rúa Pizarro y la sobrecarga de las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Con su intervención, el alcalde no solo legitima las reivindicaciones del colectivo sanitario, sino que eleva la presión política sobre el gobierno autonómico, al que responsabiliza directamente del desmantelamiento encubierto de la atención primaria en la ciudad más poblada de Galicia. Caballero aprovecha así una cuestión de gran calado social para marcar distancias con la gestión del Partido Popular en la Xunta, en un claro gesto de oposición frontal en materia sanitaria.

El mensaje del regidor es claro: la reorganización de la red de primaria que impulsa la consejería de Sanidad no resolverá los problemas de fondo, sino que agravará la accesibilidad y la calidad del servicio para miles de vigueses, convirtiendo la protesta profesional en un debate político de primer orden.