La batalla por el relato demográfico en A Guarda se ha recrudecido. El alcalde, Roberto Carrero, ha acusado al grupo municipal del BNG de "retorcer a realidade" del padrón para ocultar, según él, que los 16 años de gobiernos de izquierdas (2007-2023) –en los que el Bloque formó parte o dio su apoyo– fueron los principales causantes del retroceso censal, con una pérdida de 468 vecinos en una sola década.

"Todos sabemos que el hito de los 10.000 habitantes es una cuestión estructural de nuestro concello, que bajó hasta en siete ocasiones (años 96, 98, 99, 01, 19, 21 y 23) en los últimos treinta años con gobiernos de todos los colores políticos, por lo que no se puede culpar a este ejecutivo, que solo lleva 30 meses, de la herencia de 16 años de izquierdas", manifestó el regidor en un duro comunicado.

Carrero explicó que el Concello está tratando de "reverter a mala dinámica", pero que "loxicamente non é algo que se faga dun día para outro". Más allá del descenso del censo en 2025 –que situó la población en 9.970 personas, una caída similar a la de un municipio gobernado por el BNG como Tomiño–, el alcalde destacó "algúns brotes verdes", como la subida en el primer año de su mandato, cuando el padrón pasó de "los 9.998 habitantes que nos dejó el anterior ejecutivo a 10.041".

Entre los indicadores positivos, Carrero resaltó el incremento de la población extranjera en los últimos tres años, de 532 a 700 personas, de las cuales un 70% son menores de 55 años y un 30% tienen menos de 30. También mencionó el dinamismo comercial y económico reflejado en el aumento de licencias para obras y negocios.

"Levamos dous anos e medio traballando para construír unha Guarda cunha economía forte e un turismo desestacionalizado para facer atractiva a nosa vila e fixar poboación. Los anteriores gobiernos no consiguieron sacar adelante propuestas o medidas para asentar el padrón", afirmó el alcalde, quien pidió al portavoz del BNG, Anxo Baz, que "se poña a traballar en positivo pola Guarda e deixe de enlear".

Con esta réplica, Carrero busca desactivar la crítica política sobre la pérdida del simbólico umbral de los 10.000 habitantes –que conlleva implicaciones presupuestarias y de competencias–, trasladando la responsabilidad a la etapa anterior y presentando su gestión como la que está sentando las bases para la recuperación demográfica, especialmente a través de la atracción de nueva población foránea.