El Gobierno gallego ha puesto en marcha la renovación del marco legal que regula la formación para adultos en la comunidad. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la aprobación por el Consello de iniciar los trámites de la nueva Ley de Aprendizaje Permanente, que vendrá a sustituir a la actual Ley de educación de adultos, vigente desde 1992. Según explicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, el objetivo es poder enviar el texto al Parlamento gallego a inicios de 2027.

El cambio de paradigma es radical. La ley de 1992 se centraba principalmente en que los adultos obtuvieran el título de enseñanza básica, un objetivo que hoy, según destacó Rueda, "xa non pode ser o principal porque a gran maioría da poboación xa conta con esta formación". La nueva norma fija como eje central la formación permanente a lo largo de la vida, con el fin de que cualquier persona mayor de 18 años pueda cualificarse, recualificarse y acceder a nuevas oportunidades laborales en un contexto de rápidos cambios sociales, tecnológicos y económicos.

Un cambio de modelo impulsado por los datos

La necesidad de este giro queda respaldada por las cifras. La oferta formativa no universitaria de la Consellería de Educación alcanza actualmente a 62.000 personas, un 24,43% más que en el curso 2018/19. Sin embargo, la distribución ha variado enormemente. Mientras las enseñanzas iniciales y la educación secundaria o bachillerato para adultos han caído alrededor de un 45% (sumando 7.101 estudiantes), han experimentado un notable crecimiento las enseñanzas de régimen especial, las no regladas y, especialmente, la Formación Profesional para adultos, con un incremento del 101%. En conjunto, estas tres modalidades aglutinan ya a 54.985 alumnos.

Otro dato revelador es el auge del alumnado extranjero, que supera las 5.000 personas. Representan un 10,76% del total en FP, y en áreas como la enseñanza de español en escuelas oficiales de idiomas se ha registrado un aumento del 300%. Estas tendencias evidencian, según la Xunta, la urgencia de un marco legal que responda a las necesidades actuales de integración, recualificación y alfabetización digital.

Atención prioritaria a colectivos vulnerables y una oferta unificada

La futura ley prestará especial atención a dos grandes grupos: los colectivos en situación de vulnerabilidad (personas con bajo nivel educativo, población migrante, reclusa o en riesgo de exclusión) y la población adulta que busca mejora profesional o académica. Por primera vez, se aglutinará bajo la misma normativa toda la oferta autonómica de aprendizaje permanente, no solo la de Educación, sino también la impartida por otros departamentos de la Xunta.

Para facilitar el acceso, se desarrollará una plataforma digital unificada donde consultar toda la oferta disponible, con detalles sobre calendarios, localizaciones o requisitos. El sistema integrará también labores de orientación y asesoramiento y simplificará los trámites de ingreso. Además, se impulsará la formación a distancia y se integrarán las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para garantizar la equidad y llegar especialmente al medio rural.

La ley se articulará a través de tres instrumentos clave: una Estratexia galega de aprendizaxe permanente, una Comisión interdepartamental que coordine a todos los agentes y el Consello Galego de Aprendizaxe Permanente como órgano consultivo. Con esta reforma, Galicia se alinea con los objetivos de la UE, que establece que para 2030 al menos el 60% de las personas adultas deben participar anualmente en formación continua.