La gestión de la Seguridad Ciudadana en Vigo se ha convertido en un polvorín político. La presidenta del PP en la ciudad, Luisa Sánchez, ha exigido este lunes el cese "inmediato" de la concejala del área, Patricia Rodríguez, a la que acusa de haber sumido a la Policía Local en un "caos organizativo" y un "desgobierno" que amenaza la operatividad del cuerpo.

Sánchez cargó duramente contra la edil, que está siendo investigada judicialmente por el trágico accidente mortal del 'saltamontes' en las fiestas de Matamá en 2024. "No pode seguir no seu posto nin un minuto máis. Cada día que pasa é un día máis de caos e desgobierno. E diso ten culpa tamén o alcalde, que lonxe de cesala a segue amparando", afirmó la popular, recordando que su partido ya pidió la dimisión de Rodríguez hace semanas.

La líder opositora aseguró que la misma concejala que "intenta responsabilizar á propia Policía" por no haber precintado la atracción, es la que mantiene al servicio en una situación de "descontrol". Como ejemplos "gravísimos", citó dos casos revelados esta semana.

ITV caducadas y pagos "perdidos": denuncia de irregularidades graves

El primero afecta a la flota operativa. Según Sánchez, al menos 11 vehículos de renting que realizan labores de patrulla circulan con la ITV caducada desde noviembre. "O que significa que hai axentes que están sancionando a cidadáns por infraccións que o propio corpo comete por falta de xestión administrativa", denunció.

El segundo caso apunta a una grave irregularidad económica. La dirigente popular aseguró que el dinero ingresado por el Concello de Baiona para pagar a los agentes que reforzaron la seguridad en la Festa da Arribada en 2025 "se desviou a outra partida orzamentaria". Como consecuencia, los policías afectados aínda non cobraron, once meses después, y han tenido que presentar una reclamación. "O goberno local que máis presume de rapidez para pagar aos provedores, non paga en tempo e forma aos seus traballadores", lamentó Sánchez.

La crisis de gestión se extiende a otras deudas. El PP denuncia que el gobierno municipal incumple unha sentenza xudicial que le obliga a pagar los pluses de nocturnidad y festividad a los agentes, incluso en periodos no trabajados. Además, apunta a un descontrol crónico nas nóminas en el pago de complementos, dejando a los policías sin más recurso que la reclamación individual, en un servicio que carece de asistencia jurídica propia.

Falta de efectivos: "Unha realidade indiscutible"

A este caos administrativo se suma, según Sánchez, "o maior dos males": la grave falta de efectivos. El PP denunció en diciembre que existen al menos 63 vacantes en un servicio que cuenta con apenas 339 axentes, muy lejos de la ratio recomendable de 1,8 por cada 1.000 habitantes. Esta carencia fue puesta por escrito por el propio inspector xefe en un informe sobre el operativo navideño, donde señaló que la falta de personal es una "realidade indiscutible".

La situación no tiene visos de mejorar. Sánchez recordó que la última oferta de emprego público para el cuerpo se activó en 2022, y acusó al gobierno local de "incapacidade" para sacar adelante nuevas convocatorias que palíen el déficit crónico.

Con este rosario de acusaciones, el PP busca forzar una crisis en el gobierno de Abel Caballero, situando la gestión de la Seguridad Ciudadana –un área sensible donde los fallos tienen un impacto directo en la calle– como el nuevo frente de batalla política en Vigo. La pelota queda ahora en el tejado del alcalde, quien deberá decidir si mantiene su respaldo a la concejala investigada y a un modelo de gestión bajo fuego cruzado.