La exclusión de Ponteareas del plan estatal para crear 500 nuevas plazas judiciales ha desatado la protesta institucional en la villa condal. El Concello ha remitido una carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para solicitar explicaciones y pedir que se reconsidere una decisión que, a su juicio, ignora el "estado de colapso" y la "elevada carga de traballo" que sufren los juzgados locales.

El gobierno municipal lamenta "profundamente" que el Ministerio no haya tenido en cuenta la "necesidade urxente" de crear una nueva plaza en Ponteareas. En su escrito, subraya que la saturación de los órganos judiciales "non é unha opinión política, senón un feito constatado" que se traduce para la ciudadanía en "retrasos e procesos xudiciais excesivamente lentos".

Una preocupación por la protección de víctimas y procesos de familia

La queja municipal va más allá de la mera dotación de recursos. El Concello manifiesta una especial preocupación porque esta situación de colapso no se haya considerado "en ámbitos especialmente sensibles como os procesos de familia ou a protección das vítimas de violencia de xénero", donde la agilidad judicial es, según recuerdan, "fundamental para garantir dereitos e seguridade".

Actualmente, el partido judicial de Ponteareas cuenta con un Tribunal con tres prazas (instrucción, ejecución y civil), una oficina de decanato y una oficina de rexistro civil. Su ámbito de referencia es clave, ya que abarca a 10 concellos das comarcas do Condado e da Paradanta, lo que suma una población de más de 54.000 habitantes.

Con esta reclamación, el gobierno local busca forzar una rectificación del Ministerio, argumentando que la inversión en una nueva plaza no es un capricho, sino una necesidad perentoria para garantizar un servicio de xustiza próxima, eficaz e acorde coa realidade demográfica e judicial de una comarca amplia. La pelota queda ahora en el tejado del ministro Bolaños, a quien se insta a revisar los criterios de la convocatoria para incluir a una villa que se siente postergada en un asunto de vital importancia para la calidad democrática y el Estado de derecho.