La conselleira de Política Social e Igualdade empleó esta semana toda la artillería parlamentaria para denunciar lo que calificó como un freno “incomprensible” a las políticas de agilización administrativa en dependencia y discapacidad. Fabiola García reclamó al Ejecutivo central la retirada “inmediata” del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el plan autonómico que permite homologaciones automáticas del grado de discapacidad, una medida que, según los datos de la Xunta, alcanzó a más de 12.600 personas en Galicia durante el pasado año.

La conselleira recordó que el Gobierno gallego ya ha formalizado su personación en el procedimiento constitucional para intentar frenar la paralización de estos expedientes. Durante su intervención, incidió en que el modelo de homologación automática no solo reducía plazos, sino que evitaba desplazamientos y pruebas innecesarias a miles de familias. “Es un paso atrás injustificado”, llegó a señalar ante el pleno.

El choque institucional volvió a poner sobre la mesa la deuda histórica que, según los cálculos de la Administración autonómica, mantiene el Estado con el sistema gallego de dependencia. García la cifró en 2.900 millones de euros en virtud del incumplimiento del 50% de financiación que marca la ley. Una cantidad que, de estar actualizada, permitiría vislumbrar otro escenario para los servicios sociales en la comunidad.

Frente a ese contexto, la Xunta defiende el esfuerzo inversor propio. García detalló que los presupuestos autonómicos de 2026 reservan más de 840 millones de euros para la atención a mayores, tanto en el hogar como en centros residenciales. Una partida que, aseguró, refleja que esta materia “es una prioridad” para el Gobierno gallego, por encima de disputas competenciales.

Precisamente en el capítulo residencial, la conselleira avanzó que la Xunta mantiene la hoja de ruta para incorporar más de 3.500 nuevas plazas públicas hasta 2028, a la vez que se acometen obras de modernización en la red actual. Solo en lo que va de legislatura, la inversión en mejora y acondicionamiento de residencias asciende a 40 millones de euros, con el objetivo de adaptar los centros al nuevo modelo de cuidados, más humano y menos institucionalizado.

Otro de los ejes del debate se centró en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que presta atención diaria a 23.000 gallegos. García defendió el reciente acuerdo firmado con la Fegamp, que supondrá una inyección autonómica de más de 150 millones de euros a los concellos hasta 2028. La conselleira elevó el tono al referirse a las posiciones cambiantes de la oposición: “Hace unos meses presentaron una enmienda para situar la aportación en los 17 euros por hora y, una vez que se alcanza el acuerdo de subir a 18 euros, no les vale. Es improvisación continua”.

En el terreno de la inclusión social, la titular de Política Social volvió a reclamar la transferencia a Galicia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La apuesta de la Xunta pasa por activar un modelo de “ventanilla única” que permita tramitar de forma conjunta esta renta estatal y la Risga autonómica. Según García, esta fórmula “reduciría la burocracia, mejoraría las tasas de acceso, reforzaría el proceso de inclusión y evitaría duplicidades”. Una reclamación que el Gobierno gallego reitera de forma sistemática en los últimos años sin que, por el momento, el Estado acuse recibo.

Los presupuestos autonómicos para 2026 reservan cerca de 130 millones de euros a políticas de inclusión, una cuantía que García calificó de “blindada”. Frente a las ayudas directas, la conselleira defendió la apuesta por el empleo y la inserción laboral como herramientas que “facilitan a las personas construir sus proyectos personales y vitales”. Un mensaje que lanzó en respuesta a la interpelación sobre inclusión registrada en el Parlamento, y con el que cerró su intervención antes de dar paso a los turnos de los grupos.