VIGO
El bus de Vigo pierde 1,3 millones de viajeros desde 2019
El transporte urbano de la ciudad olívica encadena seis años de caída libre de viajeros. El autobús municipal perdió 1,3 millones de usuarios desde 2019, según los datos oficiales del Concello, una sangría que el BNG atribuye a la "precarización continuada" del servicio y que ayer llevó a su portavoz, Xabier P. Igrexas, a exigir una "mudanza radical" del modelo antes de que sea demasiado tarde.
Las cifras dibujan un mapa desolador para la movilidad colectiva en la mayor ciudad de Galicia. Frente a los 106.000 usuarios que empleaban el bono social Pass Vigo en 2019, el pasado año apenas 32.000 personas hicieron uso de esta tarifa reducida. Un desplome próximo al 70% que, lejos de responder a una mejora de las condiciones económicas de los vigueses, esconde, a juicio del Bloque, una "exclusión aberrante" de los colectivos más vulnerables.
"Es inexplicable e indecente esta falta de sensibilidad social por parte de Abel Caballero", denunció Igrexas, tras recordar que más de 60.000 vigueses se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, según el índice Arope. El Concello mantiene limitada la tarjeta social a perceptores del subsidio por desempleo o de la Renta Activa de Inserción, dejando fuera del descuento a más de 12.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en la ciudad.
El portavoz nacionalista insistió en reclamar un "verdadero bono social" que garantice la gratuidad del bus a todas las personas de bajos recursos, incluyendo a los perceptores del IMV, desempleados sin cobertura y aquellas familias que, estando en situación de vulnerabilidad, aún no han visto reconocida ninguna ayuda pública o la están tramitando. La crítica apuntó directamente al salario del regidor y su gobierno: "Pagan la misma tarifa general de la Pass Vigo de la que se puede beneficiar, por ejemplo, los miembros del Gobierno con dedicación exclusiva con salarios de más de 70.000 euros".
Pero la caída de viajeros no es solo cuestión de precios. El BNG sostiene que el servicio empuja a los ciudadanos a buscar alternativas. El Concello ha recortado 250 frecuencias diarias desde la pandemia, la desregulación horaria se ha cronificado y el mapa de líneas, según el grupo municipal, responde a un diseño obsoleto que no se adapta a las necesidades actuales de la ciudad.
"Con menos buses circulando, con menos frecuencias, con peores horarios y con este mapa de líneas es imposible que aumente el uso del autobús", sentenció Igrexas. A su juicio, las condiciones del servicio "están muy lejos de convertirlo en una alternativa real al coche particular".
El diagnóstico del Bloque apunta directamente a la nueva licitación del contrato privatizado del bus, que el gobierno local acaba de sacar a concurso. Los nacionalistas advierten de que el pliego no contempla ni más vehículos, ni más personal conductor, ni un total de kilometraje superior al de 2019. "Estas condiciones impiden recuperar las frecuencias recortadas y mejorar los horarios", alertó el portavoz.
Por ello, el BNG reiteró la demanda que ya formuló en el último Pleno municipal: suspender la nueva licitación y abrir el debate sobre un modelo de prestación directa del transporte urbano a través de una empresa pública municipal. Una fórmula que, sostienen, permitiría aumentar frecuencias, mejorar horarios y diseñar un nuevo mapa de líneas con participación ciudadana.
El pulso por el futuro del bus urbano llega en un momento crítico. Vigo sigue siendo la ciudad más poblada de Galicia, pero su red de autobuses encoge por todos los flancos: menos usuarios, menos frecuencias y un bono social que, en lugar de ampliar su cobertura, ha terminado por excluir precisamente a quienes más lo necesitan.

El transporte urbano de la ciudad olívica encadena seis años de caída libre de viajeros. El autobús municipal perdió 1,3 millones de usuarios desde 2019, según los datos oficiales del Concello, una sangría que el BNG atribuye a la "precarización continuada" del servicio y que ayer llevó a su portavoz, Xabier P. Igrexas, a exigir una "mudanza radical" del modelo antes de que sea demasiado tarde.
Las cifras dibujan un mapa desolador para la movilidad colectiva en la mayor ciudad de Galicia. Frente a los 106.000 usuarios que empleaban el bono social Pass Vigo en 2019, el pasado año apenas 32.000 personas hicieron uso de esta tarifa reducida. Un desplome próximo al 70% que, lejos de responder a una mejora de las condiciones económicas de los vigueses, esconde, a juicio del Bloque, una "exclusión aberrante" de los colectivos más vulnerables.
"Es inexplicable e indecente esta falta de sensibilidad social por parte de Abel Caballero", denunció Igrexas, tras recordar que más de 60.000 vigueses se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, según el índice Arope. El Concello mantiene limitada la tarjeta social a perceptores del subsidio por desempleo o de la Renta Activa de Inserción, dejando fuera del descuento a más de 12.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en la ciudad.
El portavoz nacionalista insistió en reclamar un "verdadero bono social" que garantice la gratuidad del bus a todas las personas de bajos recursos, incluyendo a los perceptores del IMV, desempleados sin cobertura y aquellas familias que, estando en situación de vulnerabilidad, aún no han visto reconocida ninguna ayuda pública o la están tramitando. La crítica apuntó directamente al salario del regidor y su gobierno: "Pagan la misma tarifa general de la Pass Vigo de la que se puede beneficiar, por ejemplo, los miembros del Gobierno con dedicación exclusiva con salarios de más de 70.000 euros".
Pero la caída de viajeros no es solo cuestión de precios. El BNG sostiene que el servicio empuja a los ciudadanos a buscar alternativas. El Concello ha recortado 250 frecuencias diarias desde la pandemia, la desregulación horaria se ha cronificado y el mapa de líneas, según el grupo municipal, responde a un diseño obsoleto que no se adapta a las necesidades actuales de la ciudad.
"Con menos buses circulando, con menos frecuencias, con peores horarios y con este mapa de líneas es imposible que aumente el uso del autobús", sentenció Igrexas. A su juicio, las condiciones del servicio "están muy lejos de convertirlo en una alternativa real al coche particular".
El diagnóstico del Bloque apunta directamente a la nueva licitación del contrato privatizado del bus, que el gobierno local acaba de sacar a concurso. Los nacionalistas advierten de que el pliego no contempla ni más vehículos, ni más personal conductor, ni un total de kilometraje superior al de 2019. "Estas condiciones impiden recuperar las frecuencias recortadas y mejorar los horarios", alertó el portavoz.
Por ello, el BNG reiteró la demanda que ya formuló en el último Pleno municipal: suspender la nueva licitación y abrir el debate sobre un modelo de prestación directa del transporte urbano a través de una empresa pública municipal. Una fórmula que, sostienen, permitiría aumentar frecuencias, mejorar horarios y diseñar un nuevo mapa de líneas con participación ciudadana.
El pulso por el futuro del bus urbano llega en un momento crítico. Vigo sigue siendo la ciudad más poblada de Galicia, pero su red de autobuses encoge por todos los flancos: menos usuarios, menos frecuencias y un bono social que, en lugar de ampliar su cobertura, ha terminado por excluir precisamente a quienes más lo necesitan.


































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