El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, elevó esta semana el tono de las críticas al Gobierno central por los recurrentes fallos en el sistema de pulseras de control telemático para agresores. Barba exigió al Ministerio de Igualdad que "garantice la protección de las víctimas" y aclare de una vez "el alcance y afectación real" de las desconexiones que durante meses registró el denominado sistema Cometa, una competencia, recordó, "única y exclusiva" del Ejecutivo central.

En respuesta a una pregunta oral en la Comisión 5ª del Parlamento, el director xeral fue contundente: el Ministerio de Igualdad "sigue sin dar respuestas claras" sobre unos errores que, según los datos que maneja la Xunta, afectaron a varias mujeres en la comunidad y generaron informes erróneos con precisiones inexactas que fueron presentados en sede judicial.

"Ocasionaron pérdida de datos importantes sobre el posicionamiento de los agresores", denunció Barba, lo que derivó, según explicó, en "muchas sentencias absolutorias por falta de pruebas". Una consecuencia jurídica de primera magnitud que hasta ahora no había sido explicitada con tanta claridad por parte de la Administración autonómica.

El responsable autonómico insistió en que el sistema Cometa es responsabilidad directa del Ministerio de Igualdad, desde la contratación de las empresas suministradoras hasta la supervisión, el seguimiento y la resolución de los fallos técnicos. "Por ahora no hubo aún respuesta", lamentó, pese a las reiteradas demandas de Galicia para conocer cómo se han solventado las incidencias.

Víctimas que apagan voluntariamente los dispositivos

Uno de los datos más preocupantes que Barba puso sobre la mesa es el efecto disuasorio que los fallos técnicos han tenido sobre las propias víctimas. Según explicó, la Xunta tuvo constancia de que varias mujeres gallegas afectadas por los problemas de desconexión de los dispositivos "dejaron de confiar en el sistema y apagaron voluntariamente los dispositivos".

Un gesto de desprotección autoimpuesta que, para el director xeral, evidencia el grado de desamparo y desorientación al que se enfrentan las víctimas cuando el instrumento diseñado para su seguridad se convierte en una fuente más de incertidumbre.

Barba concluyó su intervención reiterando la exigencia de que el Ministerio de Igualdad aclare qué ocurrió exactamente durante los períodos de desconexión, cómo se han corregido los errores y qué garantías existen para que no vuelvan a repetirse. Mientras tanto, la Xunta insiste en que la responsabilidad última del sistema es estatal y reclama que el Gobierno central asuma sus competencias sin más dilaciones.