El pulso por el modelo de ciudad llega al corazón de la burocracia municipal. El BNG de Vigo ha presentado esta semana un paquete de diez enmiendas parciales al proyecto de nueva ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas impulsado por el gobierno de Abel Caballero, al que acusa de querer imponer una "barra libre exprés" en la concesión de autorizaciones.

El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, fue rotundo durante su intervención: "No podemos aceptar la pretensión del Gobierno de Abel Caballero de imponer una barra libre exprés en la tramitación de licencias y autorizaciones urbanísticas". El Bloque comparte la necesidad de agilizar los procedimientos y reducir las demoras crónicas que arrastra la Xerencia de Urbanismo, pero advierte de que la solución "no es reducir controles, sino reforzar los medios humanos y técnicos" de un organismo que, denuncian, "lleva años padeciendo una clara insuficiencia de personal".

El proyecto municipal apuesta por un modelo basado en declaraciones responsables y comunicaciones previas, mecanismos mucho más laxos que las licencias tradicionales y que trasladan a la inspección posterior lo que el BNG considera "una función pública de control previo". "Agilizar sí, pero con garantías. Simplificar sí, pero sin desproteger la ciudad", resumió Igrexas.

Control previo o desregulación encubierta

Las enmiendas registradas por el grupo nacionalista dibujan una línea roja clara. Proponen limitar el uso de la declaración responsable y la comunicación previa en actuaciones que afecten a la estructura de los edificios, a inmuebles protegidos, a espacios públicos, a suelo rústico o a ámbitos con especial sensibilidad ambiental o patrimonial. El objetivo, según el BNG, es evitar que intervenciones de impacto relevante se ejecuten sin un control previo riguroso.

También defienden mantener la licencia obligatoria para la primera ocupación de las viviendas, una garantía de seguridad, accesibilidad y cumplimiento normativo antes de que una edificación pueda ser habitada. Suprimirlo, advierten, equivaldría a permitir que se ocupen inmuebles sin certificación municipal de que reúnen las condiciones mínimas.

Otro bloque de enmiendas refuerza el papel de los servicios técnicos municipales frente a las certificaciones privadas, que no podrán sustituir ni limitar la función pública de inspección. Además, establecen que el silencio administrativo nunca podrá generar derechos contrarios a la legalidad urbanística, limitando sus efectos positivos.

Inspección, transparencia y participación

El BNG vincula expresamente el nuevo sistema de control posterior a la necesidad de dotar de medios suficientes a la Xerencia de Urbanismo, con una evaluación anual de las necesidades de personal y recursos. Sin inspectores, advierten, cualquier sistema de control a posteriori es papel mojado.

La propuesta nacionalista incluye además un ambicioso capítulo de transparencia y participación ciudadana. Plantean crear un título específico en la ordenanza para garantizar información pública periódica sobre licencias, declaraciones responsables, inspecciones e infracciones; elaborar un informe anual que se eleve al Pleno; publicar los datos en formato accesible; habilitar canales para que la vecindad pueda presentar alertas; y constituir un Consello Sectorial de Urbanismo como órgano de participación.

"El tiempo del urbanismo a la carta tiene que terminar"

Igrexas cerró su intervención con un mensaje de fondo que trasciende la técnica jurídica: "Vigo ya tiene demasiados ejemplos de desorden urbanístico como para permitir nuevos riesgos. El tiempo del urbanismo a la carta tiene que terminar".

La advertencia apunta directamente a la gestión del gobierno local, al que el BNG acusa de pretender "vender como gran avance lo que puede acabar siendo un paso atrás en el control democrático y en la defensa del interés general en un ámbito tan goloso para la especulación privada como es el desarrollo urbanístico".

Las diez enmiendas incluyen, como cierre, una disposición que fija como principios rectores de la ordenanza la precaución, la transparencia, el control democrático y la defensa del interés público general. Una declaración de intenciones que el BNG quiere ver escrita en negro sobre blanco para que, esta vez, la simplificación administrativa no sea la coartada de una nueva desprotección de la ciudad.