Catorce meses después de su constitución, la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) presenta cifras que su responsable califica de "éxito rotundo". El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, compareció esta semana en el Parlamento para hacer balance del primer año de actividad de la empresa pública, que ya trabaja en proyectos para casi 2.500 viviendas repartidas por toda Galicia.

De ese total, 1.641 se construirán en suelo propiedad de la Xunta, 837 en parcelas cedidas por los concellos y 16 procederán de la transformación de locales comerciales en viviendas. La licitación de los proyectos, por un importe superior a 19,5 millones de euros, ya ha permitido adjudicar la redacción de los planes para 1.940 viviendas, una parte de las cuales tiene ya licitado o adjudicado el contrato de obra.

En estos momentos, según detalló García Porto, Vipugal tiene en licitación las obras de tres promociones que suman 174 viviendas, con una inversión cercana a los 28 millones de euros. La previsión para el conjunto de 2026 es licitar la construcción de 1.885 viviendas en 21 concellos, con una inversión global superior a los 356 millones de euros.

3.500 viviendas a final de año

El responsable autonómico subrayó que, sumando las actuaciones de Vipugal y del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), la Xunta podrá tener a finales de este año alrededor de 3.500 viviendas públicas ya terminadas o en obras. De cara a 2026, la previsión es licitar entre ambas entidades la construcción de 2.688 viviendas por un importe próximo a los 500 millones de euros.

García Porto recordó que Vipugal nació con un objetivo social claro: incrementar el parque público autonómico y facilitar el acceso a la vivienda a las personas con mayores dificultades, especialmente a los jóvenes. Por eso, el 40% de las viviendas en alquiler y el 25% de las destinadas a compraventa estarán reservadas a menores de 36 años, contribuyendo así a facilitar la emancipación.

La sociedad cuenta con un presupuesto aprobado para 2026 de casi 78 millones de euros y una estimación de gasto para el período 2026-2028 de 458 millones de euros. Su objetivo final, enmarcado en el II Pacto de Vivenda de Galicia recientemente suscrito, es duplicar el parque público y alcanzar las 10.000 viviendas públicas en 2030.

Calidad arquitectónica e innovación

El secretario xeral puso también el acento en la apuesta de Vipugal por la calidad arquitectónica, la innovación y la industrialización de la construcción, así como en la colaboración con los concellos y el sector privado. Como ejemplo citó el concurso de ideas convocado para cinco bloques con 140 viviendas en Ames, al que se presentaron 122 propuestas, demostrando el interés que despierta el modelo.

Comparativa con el Gobierno central

García Porto aprovechó su intervención para establecer una comparativa con la actuación del Gobierno central en materia de vivienda. Recordó que la empresa pública estatal Casa 47, anunciada en diciembre de 2024, tardó un año en constituirse y, pese a nacer con una ca

rtera de viviendas ya existentes, apenas ofrece en la actualidad 171 viviendas en alquiler en toda España.

De ellas, solo 67 están en Vigo, la ciudad gallega con mayor demanda. Además, según los datos aportados por el secretario xeral, los precios de estos inmuebles superan la media de la ciudad y los requisitos económicos exigidos excluyen a las familias con menores ingresos: para acceder a un estudio se necesitan, como mínimo, 1.330 euros netos mensuales.

La Xunta, única administración que construye

García Porto defendió que la Xunta es "la única administración que está apostando decididamente por la construcción de vivienda protegida, asumiendo sus competencias y actuando con planificación, inversión y ejecución efectiva". Un mensaje dirigido tanto al Gobierno central como a aquellas administraciones locales que, según señaló, "optan por anunciar proyectos que no se concretan y por trasladar responsabilidades".

Mientras Vipugal acelera la maquinaria para alcanzar las 10.000 viviendas en 2030, Casa 47 sigue siendo, a juicio del responsable autonómico, un anuncio sin contenido real. La diferencia, según sus cifras, es abismal: 2.500 frente a 67. Y en Vigo, la distancia se mide en metros cuadrados y en euros de alquiler.