La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se desplazó esta semana a Marín para lanzar una advertencia directa al Gobierno central: Galicia no permitirá un nuevo "asalto" a su litoral por la puerta de atrás. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado en los últimos días, sin previo aviso a las comunidades autónomas ni a los sectores implicados, una consulta pública previa para reformar el Reglamento General de Costas del Estado, un proceso que, según la Xunta, se realiza "con total oscurantismo" y por la vía de urgencia, reduciendo a la mitad el plazo habitual para presentar alegaciones .

Vázquez explicó que el ministerio publicó el anuncio en su página de transparencia, sin comunicación oficial a los gobiernos autonómicos ni a los sectores productivos, y con un plazo de apenas 15 días para realizar aportaciones, cuando lo ordinario sería un mes. El documento, además, es "muy genérico" y no detalla el alcance real de las modificaciones que se pretenden introducir .

"Es la tercera vez que lo intentan, tras los frustrados de 2018 y 2024", censuró la conselleira, que recordó que el anterior intento fue anulado por el Tribunal Supremo precisamente por no haber cumplido con el trámite de participación pública . A su juicio, el objetivo final del Ejecutivo central es el mismo: "limitar la propiedad privada y la actividad económica e industrial en el litoral, acortar el tiempo de las concesiones y eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa" .

Un frente común para salvar la costa

La responsable autonómica subrayó que Galicia no está en contra de actualizar la legislación para adaptarla a las necesidades actuales, pero exige que se haga "con transparencia, participación de todos los agentes y buscando el equilibrio entre lo ambiental y lo socioeconómico" . Lo que no puede tolerarse, dijo, es una "deslealtad institucional" que ponga en riesgo a los 86 concellos costeros y al millón y medio de personas que viven en ellos, muchas de las cuales dependen directamente de actividades vinculadas al mar .

Por ello, la Xunta ha decidido plantar batalla. Las consellerías de Medio Ambiente y del Mar han convocado para el próximo lunes, 16 de febrero, una reunión urgente con representantes de la cadena mar-industria, cofradías de pescadores, municipios y otras entidades para coordinar un frente común en la presentación de alegaciones . "Van a ser presentadas el lunes, tenemos los días contados porque el plazo termina el 19", advirtió Vázquez .

Competencias plenas para defender el territorio

La conselleira quiso poner en valor que, a diferencia de ocasiones anteriores, Galicia cuenta ahora con herramientas legales y administrativas para defender sus intereses. Desde el pasado 1 de julio, la comunidad ejerce competencias plenas en la gestión del litoral al amparo de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga) .

Los datos, según Vázquez, demuestran la eficacia de esa gestión: en apenas siete meses, la Xunta ha resuelto 920 expedientes entre autorizaciones, concesiones, declaraciones responsables e informes, tanto en dominio público marítimo-terrestre como en servidumbre de protección. "Demostramos que sabemos asumir competencias con eficacia y aportando seguridad jurídica", afirmó .

Como ejemplo de esta agilidad, la conselleira visitó en Marín el proyecto de reforma del acceso peatonal a la playa de Mogor, una actuación autorizada por la Xunta a petición del Concello que creará un itinerario accesible mediante una rampa y la remodelación de las escaleras actuales .

El riesgo de las limitaciones a concesiones

El temor del Ejecutivo gallego se centra en que la nueva regulación limite drásticamente la duración de las concesiones en la costa. El anterior reglamento, anulado por el Supremo, establecía que la duración máxima, sumando prórrogas, no podía superar los 75 años. La Comisión Europea ha instado a España a modificar este punto por considerar que las prórrogas sin justificación vulneran la Directiva de Servicios .

Para Galicia, una reducción de esos plazos podría poner en jaque a 4.000 edificaciones en primera línea de mar, entre ellas 232 empresas, 59 lonjas, 24 depuradoras de mariscos, 11 mercados municipales y 10 centros de salud, además de poner en duda la continuidad de industrias como Ence en la ría de Pontevedra .

"Esto es un asalto a la propiedad privada, vuelve a dar inseguridad total a nuestras empresas y no podemos permitirlo de ninguna manera", sentenció Vázquez, que insistió en que Galicia no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un nuevo ataque a su modelo de convivencia con el mar .