El Gobierno gallego ha exigido al Ejecutivo central transparencia, máxima participación y rigor legislativo en el proceso de modificación de la Ley estatal de Costas. La Xunta rechaza la reforma del Reglamento General de Costas que está a promover el Ministerio para la Transición Ecológica usando como pretexto que es una exigencia de Bruselas.

La Administración autonómica cuestiona el escurantismo que envuelve todo el proceso pues el Ejecutivo central inició el pasado 4 de febrero la consulta pública previa sin informar antes ni a las comunidades ni al sector afectado, estableciendo además el plazo mínimo establecido por ley —15 días— para realizar aportaciones.

El Consello analizó esta semana un informe sobre esta cuestión que aboga por la máxima transparencia, participación y la búsqueda del equilibrio entre los aspectos medioambientales y los socioeconómicos en la gestión de la costa. De hecho, la Xunta apuesta por tomar como modelo la rigurosa tramitación de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga), que contó con una gran participación del conjunto de la sociedad gallega.

El Ejecutivo gallego defiende que la ciudadanía tiene mucho que decir en la definición de la normativa estatal para ajustarla a la realidad actual, y que debe tenerse en cuenta la triple perspectiva ambiental, económica y social pues es compatible tener una costa protegida con la generación de puestos de trabajo de calidad.

Se trata de la tercera ocasión en la que el Ministerio pretende modificar el Reglamento General de Costas por la puerta de atrás, dificultando el derecho de la sociedad a hacer aportaciones y sin ofrecer información sobre lo que pretende, con un documento genérico que únicamente hace referencia a la necesidad de cumplir con las exigencias de Europa.

La Administración autonómica advierte de posibles visiones restrictivas como las pretendidas en los dos intentos anteriores, donde se intentó limitar las concesiones de prórrogas en dominio público marítimo-terrestre a 30 años (frente a los 75 vigentes), endurecer los requisitos para instalar negocios en el litoral y ampliar el dominio público llevando la línea de deslinde tierra adentro.

Ante esta situación, la Xunta mantuvo esta semana un encuentro con la cadena mar-industria, concellos y otras entidades afectadas para crear un frente común y presentar alegaciones con el fin de salvaguardar sus intereses y las actividades vinculadas con el mar. El objetivo es enviar aportaciones antes del próximo 19 de febrero en demanda de un procedimiento más transparente, riguroso, participativo y acorde con una reforma de este tipo.