El litoral gallego no es una postal. Es un tejido productivo de primera magnitud que da de comer a decenas de miles de familias. Por eso resulta tan preocupante que el Gobierno central pretenda modificar el Reglamento de Costas sin contar con la voz de quienes viven del mar. La nueva propuesta, presentada con prisas y sin diálogo previo, amenaza con dinamitar un modelo de convivencia entre la actividad económica y la protección del entorno que en Galicia ha funcionado durante décadas.

Lo que más irrita no es solo el fondo, sino las formas. Reducir los plazos de concesión de 75 a 30 años genera una incertidumbre insoportable para sectores como el mejillonero, la conserveira o la hostelería, que han realizado inversiones millonarias pensando en el largo plazo. Detrás de cada batea, de cada fábrica de conservas, de cada restaurante asomado al mar, hay un proyecto de vida y un compromiso con el territorio que ahora se pone en cuestión por un decreto improvisado.

El argumento ecologista con el que se viste la reforma se tambalea cuando se analiza el procedimiento. Si el objetivo fuese realmente proteger la costa, lo lógico habría sido sentar a las comunidades autónomas, contrastar informes y buscar consensos. Pero no. Se ha optado por la vía rápida, por la imposición, generando una fractura institucional que Galicia no merece. Una vez más, Madrid legisla de espaldas al mar sin entender que aquí la costa no es un paisaje, es una forma de vida.