Cada vez que se abre la negociación sobre el sistema de financiación autonómica, a Galicia le recorre un escalofrío. La historia pesa demasiado: promesas incumplidas, cifras maquilladas y un resultado final que casi siempre nos sitúa por detrás de otras comunidades con mayor capacidad de presión política. La última propuesta del Gobierno central no ha sido una excepción. Galicia representa cerca del seis por ciento de la población española, pero apenas recibiría un tres por ciento de los nuevos fondos. Las cuentas no cuadran, y lo peor es que nadie parece sorprenderse.

Este asunto va mucho más allá de los techos de gasto o de los porcentajes de reparto. De lo que hablamos es de hospitales, de colegios, de residencias de mayores. Hablamos de la capacidad de una comunidad para ofrecer servicios públicos de calidad a sus ciudadanos. Y cuando una tierra tan dispersa y envejecida como la nuestra recibe menos de lo que le corresponde, quienes pagan la factura son siempre los mismos: los pacientes que esperan una lista quirúrgica, las familias que no encuentran plaza en una escuela infantil, los mayores que dependen de una ayuda a domicilio que llega tarde y mal.

La cuestión de fondo no es ideológica, es territorial. Galicia necesita hacer valer su peso específico en el conjunto del Estado, superar complejos históricos y exigir lo que le pertenece. No se trata de pedir privilegios, sino de reclamar equidad. Porque un sistema de financiación justo no es aquel que da lo mismo a todos, sino el que tiene en cuenta las necesidades reales de cada territorio. Y mientras eso no ocurra, Galicia seguirá sobreviviendo, pero difícilmente avanzando.