La conexión de muy alta tensión que unirá la subestación de Atios, en O Porriño, con la ciudad de Vigo es ya una realidad después de más de una década de reclamaciones. El Gobierno central destinará más de 72 millones de euros a una infraestructura llamada a resolver los crónicos problemas de suministro que afectan a la principal urbe gallega y, muy especialmente, a su tejido industrial. Sin embargo, el desbloqueo del proyecto, celebrado por el alcalde vigués como un triunfo personal, deja al descubierto una vieja fractura territorial: una vez más, serán los municipios del entorno los que asuman las molestias, las expropiaciones y el impacto paisajístico de una obra concebida para dar servicio preferentemente a Vigo.

La información oficial y los documentos aprobados por la Xunta de Galicia en 2020 dibujan un proyecto con luces y sombras. La solución técnica para dotar a Vigo de una conexión a la red de 220 kV contempla un trazado híbrido que, lejos de la imagen de modernidad que proyecta el soterramiento, descarga la mayor parte de su impacto sobre el término municipal de O Porriño.

Un trazado a dos velocidades

El proyecto base autorizado consiste en una línea de 220 kV de 3,97 kilómetros de longitud que conecta la subestación de Atios con el apoyo T-13 de la línea existente Atios-Montouto. De ese recorrido total, apenas 450 metros —los inmediatamente posteriores a la subestación— discurren soterrados. Los 3,52 kilómetros restantes, esto es, el 88% del trazado, son aéreos y se sustentarán sobre doce nuevas torres metálicas de celosía de entre 30 y 40 metros de altura que jalonarán el paisaje porriñés.

La reciente celebración del alcalde vigués, Abel Caballero (PSOE), anunciando que "la red será soterrada en las zonas habitadas de la ciudad" ha generado cierta confusión. Ese soterramiento corresponde a una fase posterior y complementaria, prevista para 2027, que afecta exclusivamente al tramo que, desde el punto de conexión en O Porriño, debe adentrarse en el término municipal de Vigo para alimentar, fundamentalmente, la planta de Stellantis en Balaídos.

La imagen que trasciende es, por tanto, la de una infraestructura a dos velocidades: soterrada donde beneficia estéticamente a la gran ciudad, pero aérea e impactante donde cruza el municipio vecino.

Expropiaciones y vecinos desoídos

La declaración de "utilidad pública" del proyecto, firmada por la Xunta, ha activado el mecanismo de la expropiación forzosa. Esto significa que Red Eléctrica de España podrá ocupar los terrenos necesarios para la instalación de las torres y el tendido incluso contra la voluntad de sus propietarios, con la única compensación económica que fije la administración.

Los primeros afectados en alzar la voz han sido los vecinos de la comunidad de montes de Atios. Su denuncia es gráfica: el trazado aprobado parte por la mitad su monte comunal, la zona que ellos mismos describen como la "más productiva". Su propuesta de soterramiento integral del tramo que afecta a sus terrenos fue descartada por razones de coste. Intentaron entonces, al menos, que se desplazara el apoyo número 5, una de las doce torres, cuya ubicación proyectada lo sitúa a escasos 100 metros de las viviendas del barrio de O Carbón. La Xunta desestimó todas sus alegaciones sin posibilidad de réplica, dejando a los comuneros sin más opción que negociar un canon compensatorio para no quedarse sin nada.

La fragilidad de Vigo y la paradoja de O Porriño

El problema de fondo que justifica la obra es incuestionable. La actual red de 132 kV que alimenta Vigo es vulnerable. Cada tormenta provoca "huecos de tensión" de milisegundos que, aunque imperceptibles en los hogares, paralizan las cadenas de montaje de Stellantis en Balaídos, provocando la pérdida de miles de vehículos al año a pesar de los cientos de millones invertidos por la compañía en protecciones. La electrificación creciente de la economía —cocina, calefacción, movilidad— hace indispensable una red robusta.

La paradoja es que la solución a este problema, largamente reivindicada por la industria viguesa, se construye sobre un impacto directo y severo en O Porriño, un municipio que no será el destinatario final de sus principales beneficios. Mientras Vigo ganará seguridad energética y podrá presumir de un tramo soterrado que minimiza el impacto visual en sus barrios, O Porriño soportará las 12 torres, las expropiaciones, la ocupación de sus montes comunales y la alteración definitiva de un paisaje que, a partir de ahora, quedará vertebrado por un tendido eléctrico de alta tensión.

Una infraestructura necesaria, un reparto de cargas desigual

La conexión desde Atios a Vigo es una infraestructura necesaria desde el punto de vista energético y económico. Nadie discute que la principal ciudad de Galicia y su motor industrial deban disponer de un suministro eléctrico a la altura de sus necesidades. La controversia reside en el reparto de las cargas y los beneficios.

O Porriño vuelve a ejercer de pasillo, de territorio de tránsito para una dotación que luego revertirá de forma principal en el gran polo urbano. Autopistas, autovías, líneas de ferrocarril y ahora una conducción eléctrica de alto voltaje convierten a este municipio en una suerte de soporte físico de infraestructuras metropolitanas. La pregunta que planea, y que el proyecto no resuelve, es si los pequeños municipios del área seguirán asumiendo en silencio los costes territoriales de un crecimiento que luego se concentra y se celebra en Vigo.

Hasta el momento, el alcalde de O Porriño, Manuel Alejandro Lorenzo Alonso (PP), no se ha pronunciado sobre los perjuicios que esta infraestructura causará en su municipio ni sobre las expropiaciones y ocupaciones de suelo que ya están sobre la mesa, mientras el debate público sigue centrado en los beneficios que la obra reportará a Vigo.