La Xunta ha movilizado a todo el sector marítimo-pesquero y a los ayuntamientos del litoral para hacer frente común contra lo que considera un nuevo intento del Gobierno central de modificar el Reglamento General de Costas "por la puerta de atrás". Las conselleiras de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y del Mar, Marta Villaverde, mantuvieron esta semana un encuentro en Santiago con representantes del complejo mar-industria, cofradías de pescadores y concellos costeros para analizar la iniciativa del Ejecutivo central y coordinar las alegaciones.

El detonante de esta ofensiva es la apertura por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de una consulta pública previa para reformar el reglamento, un trámite que la Xunta denuncia por su "falta de transparencia" y por los escasos 15 días de plazo concedidos para presentar aportaciones, el mínimo legal, cuando lo habitual en un proceso de esta envergadura sería un mes. Vázquez lamentó que se repite el mismo "modus operandi" de los intentos frustrados de 2018 y 2024, cuando el Gobierno central trató de modificar la normativa para restringir los usos en el litoral, siendo frenado en el primer caso por el Tribunal Supremo y en el segundo por la oposición de las comunidades autónomas.

"Queremos saber qué dice ese expediente y se nos niega a las comunidades. Pero cuando pedimos el resto de los expedientes, sí que nos los dan. Entonces, queremos saber qué está sucediendo", señaló Vázquez, en referencia a la "excusa" del Gobierno de que la reforma responde a un expediente de infracción abierto por la Comisión Europea contra España, cuyo contenido la Xunta desconoce porque el Ministerio se ha negado a facilitarlo.

Reducción de concesiones y ampliación del dominio público

La conselleira de Medio Ambiente advirtió de que todo apunta a que el objetivo real es limitar las concesiones en dominio público marítimo-terrestre a solo 30 años (frente a los 75 actuales), endurecer los requisitos para instalar cualquier negocio en el litoral y ampliar la zona de dominio público, llevando la línea de deslinde tierra adentro, lo que afectaría a propiedades privadas. "Nós vimos denunciar que é un asalto á propiedade privada. En segundo lugar, que volve a dar inseguridade total e absoluta ás nosas empresas que están na costa. E en terceiro lugar, que non podemos permitir isto de ningunha das maneiras", manifestó.

Vázquez subrayó que se trata del "terceiro intento" del Ejecutivo central de modificar la normativa "coartando la participación del conxunto da cidadanía e co único fin de restrinxir os usos da costa". La responsable autonómica incidió en la "irregularidad" del procedimiento, ya que el Gobierno pretende cambiar primero el reglamento y después la ley, cuando el Derecho español establece justo lo contrario: los reglamentos desarrollan las leyes, no al revés. A su juicio, esta estrategia busca "evitar el trámite parlamentario y el debate público".

Defensa de la cadena mar-industria

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, expuso la "profunda preocupación" del sector, ya que la modificación afecta directamente a las concesiones que sustentan buena parte de la actividad del complejo mar-industria gallego. Advirtió de que cambiar las reglas de juego actuales "sin un diálogo real con el territorio" supondría poner en riesgo inversiones realizadas durante décadas, miles de empleos y la estabilidad de un sector estratégico para la economía y la cohesión social de las zonas costeras.

Villaverde defendió que el marco legal vigente ya cuenta con instrumentos suficientes para garantizar la protección ambiental compatibilizándola con la actividad económica. En esta línea, abogó por constituir "un frente común na defensa dos intereses do sector marítimo-pesqueiro galego" y reiteró el compromiso de la Xunta de defender un marco normativo claro, estable y previsible, basado en informes técnicos rigurosos y en el respeto a la realidad del litoral gallego.

Frente común y alegaciones

Tanto Vázquez como Villaverde animaron al sector del mar, a los concellos y al resto de entidades a sumarse a las alegaciones que presentará la Xunta, cuyo plazo finaliza el próximo jueves. Galicia exigirá al Ministerio que remita toda la documentación relativa al procedimiento abierto por Bruselas, que exponga claramente el alcance real de la modificación y que amplíe a un mes el plazo de consulta para garantizar una participación efectiva.

La Xunta reitera que no se opone a reformar la ley estatal de costas para adaptarla a la realidad actual, pero reclama que se haga con transparencia, diálogo y buscando el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico, tomando como modelo la tramitación de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga) gallega. "Galicia sempre defendeu a necesidade de reformar a lei de costas estatal para adaptala á realidade actual e collendo como modelo a normativa galega, que busca acadar un equilibrio entre os aspectos medioambientais, os económicos e os sociais", concluyó Vázquez.