La Xunta ha incorporado a su parque público de viviendas un total de 80 inmuebles que serán destinados al alquiler accesible, gracias al ejercicio del derecho de tanteo sobre viviendas de protección oficial que salieron al mercado. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó esta semana una de las viviendas adquiridas en O Carballiño para explicar los detalles de una operación que ha supuesto una inversión autonómica de 5,2 millones de euros, a los que se sumarán otros 415.000 euros para formalizar la compra de siete viviendas más.

La actuación ha sido posible, según explicó Allegue, gracias a las modificaciones normativas impulsadas por el Ejecutivo gallego que otorgan al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) preferencia en la adquisición de VPO en segundas transmisiones. Se trata de inmuebles que fueron habitados por familias adjudicatarias y que, transcurrido el plazo legal, se pusieron a la venta. Además, otra modición legal garantiza la cualificación permanente de estas viviendas como protegidas, blindando así su uso para políticas sociales.

De las 80 viviendas recuperadas, 58 fueron promovidas en su día por el propio IGVS y adjudicadas en régimen de compraventa. La Xunta ha invertido 3,2 millones de euros en ejercer el tanteo sobre estos inmuebles, ubicados en distintas localidades gallegas. Las 22 restantes proceden de la Sareb, el banco malo, y han supuesto un desembolso superior a los dos millones de euros. Se localizan en A Coruña, Cee, Lugo y Sarria.

Bloqueo del Gobierno central

La conselleira puso el foco en las dificultades encontradas para ampliar la adquisición de viviendas de la Sareb. Según denunció, la Xunta intentó en reiteradas ocasiones sumar más inmuebles, pero la respuesta del Gobierno central fue que su comercialización estaba bloqueada para ser transmitidos a Sepes, la entidad estatal de suelo.

Allegue lamentó la falta de coordinación y criticó duramente la estrategia del Ejecutivo central con la denominada operación Casa 47. A su juicio, se trata de un "invento" del Gobierno para disponer de las viviendas de la Sareb sin contar con las comunidades autónomas. "É inexplicable que esta sociedade vaia adxudicar as vivendas á marxe do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia, e sen cualificalas como protexidas, e para seren xestionadas por empresas externas e sen facilitar información nin buscar coordinación coa Xunta", criticó la conselleira, que añadió que, además, "non son vivendas asequibles".

Estado actual de las viviendas

Del total de 80 inmuebles ya incorporados al parque público, 41 ya han sido entregados o están en proceso de adjudicación a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. Las 39 restantes se encuentran en fase de reparación o adecuación para poder ser destinadas al alquiler. En el caso concreto de O Carballiño, son dos las viviendas adquiridas, una de ellas ya en obras de reforma, y Allegue anunció que la próxima semana se iniciará el proceso de adjudicación.

La conselleira reiteró el compromiso de la Xunta de seguir adquiriendo viviendas de protección pública que los propietarios ofrezcan en venta, siempre que se encuentren en zonas con demanda acreditada, con el objetivo de seguir incrementando el parque público y facilitar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles.

Por último, Allegue instó al Gobierno central a aprobar de manera definitiva el Plan Estatal de Vivenda, una herramienta que considera fundamental para coordinar políticas y garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.