La Xunta de Galicia y la Asociación de Consumidores de Galicia han coincidido este jueves en la reivindicación conjunta al Gobierno central para que aborde la transferencia, rescate y gratuidad de la AP-9. Así se puso de manifiesto en la reunión mantenida entre la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el secretario xeral del colectivo, Miguel López Crespo, en la que ambas partes evidenciaron una "opinión conxunta" respaldada por el conjunto de la sociedad gallega.

Allegue recordó que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad la solicitud de transferencia de la autopista, una iniciativa que acumula ya 45 retrasos en su tramitación en el Congreso de los Diputados durante la presente legislatura y que continúa sin ser debatida. La conselleira lamentó lo que consideró un "ninguneo" por parte del Ejecutivo central y denunció la falta de transparencia del Gobierno, que ayer mismo negó a la Xunta información sobre la respuesta al dictamen de la Comisión Europea.

Durante el encuentro, la titular de Vivenda trasladó a los consumidores las conclusiones del estudio elaborado por su departamento, que concluye que el coste de bonificar los peajes hasta el final del período concesional es equivalente al coste del rescate de la infraestructura. Un argumento que, según explicó, ya ha sido puesto en conocimiento del Gobierno central en reiteradas ocasiones para reclamar "valentía" y proceder al rescate de una vía que considera "estratégica para Galicia".

Allegue informó también de las reuniones mantenidas con la Federación Galega de Transportistas, la Confederación de Empresarios de Galicia y las comunidades autónomas vecinas de Castilla y León y Asturias para conocer la respuesta del Ejecutivo al dictamen europeo, sin éxito hasta el momento.

La conselleira subrayó que la AP-9 es una infraestructura que nace y termina en Galicia, vertebra exclusivamente el territorio gallego y es utilizada por una media de más de 26.000 usuarios al día, por lo que rechazó los argumentos esgrimidos por el Gobierno central, como la supuesta falta de interés público o la confidencialidad del expediente europeo.

Finalmente, advirtió que la Xunta no permanecerá pasiva y apoyará "todas las acciones conjuntas" impulsadas desde los colectivos de consumidores, el sector del transporte, el tejido empresarial y el conjunto de la sociedad civil gallega para exigir una solución definitiva.