Representantes de Galicia y otras nueve comunidades autónomas del litoral acordaron esta semana  en Madrid la creación de un grupo de trabajo para diseñar una nueva Ley de Costas que aborde de manera integrada la ordenación del litoral, teniendo en cuenta aspectos medioambientales, económicos y sociales. En el encuentro, celebrado en la Casa de Galicia, participaron presencialmente responsables de Asturias, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana, y de forma telemática representantes de Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña y País Vasco.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, expusieron a las autonomías los temores de Galicia ante la consulta pública previa iniciada por el Gobierno central para modificar el Reglamento General de Costas, con el argumento de dar respuesta al procedimiento de infracción abierto por Bruselas contra España.

Las representantes gallegas alertaron de que el Ejecutivo central pretende "restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre", reduciendo las prórrogas de 75 a solo 30 años, endureciendo los requisitos para instalar negocios en la costa y ampliando el DPMT en detrimento de la propiedad privada. Denunciaron además que el plazo de 15 días establecido para la consulta pública es el mínimo legal y que el Gobierno no ha facilitado información sobre el expediente de infracción europeo, lo que calificaron de "proceder oscurantista" idéntico al de los intentos de reforma de 2018 y 2024.

"Todo apunta a un nuevo intento de reformar por la puerta de atrás el Reglamento General de Costas para eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050", advirtieron desde la Xunta, que ya ha remitido alegaciones exigiendo la ampliación del plazo y el acceso a toda la información del expediente europeo.

Las comunidades autónomas participantes se emplazaron a mantener nuevas reuniones para avanzar en la creación del grupo de trabajo que elabore una propuesta normativa consensuada y coordinada frente a lo que consideran una falta de diálogo y transparencia por parte del Gobierno central.