El Gobierno gallego ha decidido plantar batalla judicial al Ejecutivo central por su negativa a facilitar la documentación remitida a la Comisión Europea sobre las prórrogas de la concesión de la AP-9. El Consello da Xunta autorizó este lunes la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable después de que este rechazase de forma expresa el acceso a esa información.

La Xunta reclama conocer el contenido de la respuesta enviada por España a Bruselas en relación con el dictamen motivado que la Comisión Europea dirigió a nuestro país, en el que advertía de la necesidad de respetar la normativa comunitaria en materia de contratación pública, en referencia a la controvertida prórroga de la autopista. El Gobierno gallego lleva meses reclamando sin éxito esa documentación: la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas solicitó el acceso a finales de septiembre de 2025, pero el silencio administrativo se prolongó hasta enero, cuando se formuló un requerimiento previo a la vía judicial. La respuesta llegó finalmente, pero fue negativa.

El Ejecutivo autonómico considera que no puede permanecer al margen de un asunto de "enorme transcendencia" para Galicia, máxime cuando la propia Comisión Europea ha advertido de la posibilidad de llevar a España ante el Tribunal de Xustiza da Unión Europea si no se adoptan las medidas oportunas. "Precisamos coñecer con detalle a posición defendida polo Estado nunha cuestión que afecta directamente os intereses de Galicia", sostienen desde la Xunta.

No es la primera vez que el Gobierno central cierra la puerta a las peticiones gallegas sobre la AP-9. Desde el inicio de la legislatura, la Consellería de Vivenda se ha dirigido en múltiples ocasiones al Ministerio para abordar la gestión de la autopista y trasladar los acuerdos unánimes del Parlamento de Galicia que reclaman la gratuidade das peaxes y el rescate da concesión.

La Xunta insiste en que la única solución viable pasa por el rescate y la transferencia de la gestión a Galicia. Un estudio elaborado por el Gobierno gallego en 2024 cifró el coste del rescate en 2.331 millones de euros, una cantidad equiparable a lo que supondría mantener la política de bonificaciones del Estado hasta el final de la concesión en 2048. Esa cifra fue actualizada en agosto de 2025 hasta los 2.356 millones, con un incremento de 65 millones en el lucro cesante de la concesionaria derivado del aumento de sus beneficios.

Con este recurso, la Xunta reafirma su compromiso con la transparencia y la defensa de los intereses gallegos, en un momento en el que otras autopistas de peaje del Estado están revirtiendo a la gestión pública mientras en Galicia se mantiene una prórroga que considera "lesiva" por la subida continuada de las tarifas y el enriquecimiento progresivo de la concesionaria.