La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han puesto en marcha un nuevo convenio de colaboración que permitirá verificar de forma automática y en tiempo real la condición de conductor profesional de los trabajadores. El acuerdo, aprobado mediante Resolución de 20 de enero de 2026, busca agilizar los trámites administrativos eliminando la necesidad de que los conductores aporten certificados o informes de vida laboral, y reforzar la seguridad vial evitando que profesionales puedan ejercer sin tener vigente su permiso.

Para que la DGT reconozca a un trabajador como conductor profesional deben concurrir tres requisitos simultáneamente: que la empresa esté registrada en un CNAE vinculado al transporte, que exista una relación laboral vigente y que el trabajador cotice con la clave de ocupación correspondiente, habitualmente la "clave f" . Solo cuando estos elementos coinciden, la DGT puede verificar oficialmente la vigencia del permiso. El convenio incorpora además la integración con el sistema europeo EUCARIS, lo que permitirá comprobar si un conductor ha perdido la vigencia del permiso en otro Estado miembro de la Unión Europea.

La condición de conductor profesional será determinante no solo para el ejercicio de la actividad, sino también para acceder a beneficios como los cursos de recuperación parcial de puntos o la reducción de los plazos de inhabilitación tras la pérdida total del crédito.

Con el nuevo modelo, el conductor deja de aportar documentación acreditativa. La consulta se realiza directamente entre administraciones, lo que simplifica los procesos. Sin embargo, esta automatización aumenta la importancia de que los datos estén correctamente registrados. Un error en el CNAE, en la clave de ocupación o en la cotización puede impedir que el trabajador sea reconocido como conductor profesional, con posibles consecuencias en el acceso a beneficios o en su propia actividad laboral. El mismo sistema se aplica a los trabajadores autónomos, que deberán figurar correctamente dados de alta en actividades de transporte.

Desde Pyramid Consulting, señalan que el convenio "supón un paso importante na dixitalización da Administración, pero tamén abre un debate necesario sobre os límites do control institucional". La abogada de la firma, Ruby Blechschmidt, advierte que "é precisamente nese equilibrio entre eficiencia administrativa e acceso á información onde xorde a pregunta inevitable: ata que punto falamos de modernización e cando comeza a converterse en supervisión?".

La simplificación administrativa reduce trámites, pero también amplía la capacidad de control institucional y empresarial sobre la situación profesional del conductor. El intercambio de información se produce automáticamente, sin necesidad de autorización expresa del trabajador, y cualquier incidencia relevante puede ser conocida casi en tiempo real por la empresa. "Esta automatización elimina burocracia, pero también esixe a traballadores e empresas extremar o coidado na xestión de altas, cotizacións e clasificación de actividades, porque un simple erro administrativo pode ter efectos inmediatos", añade Blechschmidt.

Aunque el convenio prevé mecanismos de auditoría y control técnico, el intercambio constante de datos entre administraciones y empresas mantiene abierto el debate sobre la protección de la información. El nuevo modelo refleja una tendencia creciente en la gestión pública: menos burocracia visible y mayor interconexión de datos. Para algunos, supone un avance necesario en seguridad vial; para otros, un refuerzo del control en el ámbito profesional.