El pulso por el futuro del litoral gallego se intensifica. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, denunció esta semana  en el Parlamento que el Gobierno central pretende reformar el Regulamento Xeral de Costas para restringir los usos en el litoral y limitar la duración de todas las concesiones, amparándose en que así lo exige Bruselas. Una justificación que, según la Xunta, oculta la verdadera naturaleza de la medida.

Vázquez aclaró que lo que la Comisión Europea pide a España es mayor transparencia en la adjudicación de algunas concesiones relacionadas con la directiva de servicios, pero no afecta a otras vinculadas al complejo mar-industria, como las instalaciones de acuicultura o las fábricas de transformación de productos del mar. "O Executivo central quere converter en xerais uns axustes que deberían ser puntuais", denunció la conselleira, que acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de actuar con "escurantismo e falta de transparencia".

La responsable autonómica recordó que Galicia ha solicitado en varias ocasiones conocer el contenido del expediente abierto por la Comisión Europea, pero el Gobierno central se ha negado a remitirlo alegando que se trata de un asunto de competencia exclusiva de la Administración General del Estado. Un argumento que, lamentó Vázquez, no se sostiene, ya que en otros procedimientos de infracción son las comunidades autónomas las que completan la información.

El último día, las cartas sobre la mesa

La conselleira subrayó que el Ejecutivo central mostró sus verdaderas intenciones justo en el último día de plazo para remitir alegaciones a la consulta pública previa para modificar el Regulamento Xeral de Costas, el pasado 19 de enero. Fue entonces cuando reconoció que su objetivo es impedir las prórrogas automáticas de las concesiones en la costa. Una afirmación que, para Vázquez, es una nueva mentira, ya que "non existen as prórrogas automáticas das concesións", sino que toda prórroga incluye un procedimiento previo que requiere informes, entre ellos los medioambientales.

"O Goberno central volve mentir de xeito premeditado ao conxunto da cidadanía", sentenció la conselleira, que enmarcó esta reforma como el tercer intento del Ministerio para restringir usos en la costa y eliminar vestigios de presencia humana en el litoral antes de 2050, tras los intentos fallidos de 2018 y 2024.

Un frente común con el sector

La Xunta ha presentado alegaciones a la reforma del reglamento, y tiene constancia de que se han remitido alrededor de 80 por parte de distintas entidades y organizaciones con intereses en la costa. Esta misma mañana, Ángeles Vázquez se reunió con representantes de la cadea mar-industria y juristas como el director del Observatorio do litoral de Galicia, Javier Sanz Larruga, para analizar los planes del Gobierno central.

En el encuentro, todos los participantes coincidieron en su preocupación por unos planes que, más allá de ideologías, buscan "eliminar a presenza humana da costa, poñendo en perigo o futuro de moitas actividades e infraestruturas asentadas na contorna litoral". Las alegaciones inciden en la necesidad de mayor transparencia, un plazo más amplio para presentar alegaciones (un mes frente a los quince días otorgados) y la máxima seguridad jurídica para las instalaciones asentadas en la franja costera.

Hacia una nueva Ley de Costas

La Xunta no se queda en la denuncia. Ángeles Vázquez anunció que Galicia, junto a otras comunidades autónomas, va a crear un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de nueva Ley de Costas nacional, en la línea de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga) , que busca el equilibrio entre la protección de la costa y el desarrollo social y económico.

"É algo fundamental ao que non poden renunciar autonomías como a galega, nas que máis da metade da poboación vive ou traballa na franxa costeira", subrayó la conselleira. "Quedar calados ante este atropelo sería como aceptar a destrución do litoral e de toda a vida que se desenvolve na súa contorna", concluyó.