La sanidad pública universal no lo cubre todo. Y el bolsillo de las familias gallegas lo nota cada mes. Según una encuesta publicada esta semana por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), basada en una muestra de 1.278 hogares de toda España, Galicia se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor gasto sanitario de carácter privado, solo por detrás de Murcia.

Cada familia gallega desembolsó una media de 1.435 euros en el último año en conceptos sanitarios que no cubre la sanidad pública o que lo hacen de forma parcial. Esta cifra supera ampliamente la media estatal, que se sitúa en los 1.351 euros si se incluyen los seguros privados, y coloca a la comunidad muy por encima de regiones como Castilla-La Mancha, donde el gasto apenas alcanza los 736 euros.

El estudio distingue entre el desembolso directo en productos y servicios y el coste de los seguros de salud privados, que ya pagan el 48% de los españoles con una factura media de 765 euros al año. En el caso gallego, aunque la encuesta no desglosa ese apartado, el gasto total evidencia un importante esfuerzo de las familias para complementar las prestaciones del sistema público.

El dentista, el gran agujero

Los medicamentos siguen siendo el gasto más habitual y universal. El 90% de los encuestados adquirió fármacos con receta, con un desembolso medio de 222 euros anuales, mientras que el 77% compró también medicamentos sin receta, lo que añade 175 euros más a la factura.

Pero si hay una partida que dispara el presupuesto sanitario de los hogares es la salud bucodental. La mitad de las familias españolas tuvo que acudir al dentista en el último año, y el coste medio de estas visitas alcanzó los 667 euros. Le siguen la salud visual, con un gasto de 361 euros en gafas graduadas y lentillas para el 43% de la población; la fisioterapia y rehabilitación, con 376 euros para el 20% que la necesitó; y la salud mental, donde el 11% de los hogares precisó atención psicológica o psiquiátrica, con una factura media de 542 euros.

Renuncias con consecuencias graves

La presión de estos gastos no solo lastra la economía familiar, sino que obliga a tomar decisiones difíciles. Un 22% de los hogares encuestados reconoce haber aplazado o renunciado a algún tratamiento sanitario necesario por no poder afrontar su coste. Los tratamientos dentales son los más afectados, con un 18% de renuncias o retrasos, seguidos de las gafas y lentillas (13%).

Las consecuencias de estas renuncias no son baladí. En el 43% de los casos, la decisión tuvo un efecto negativo en la salud o la calidad de vida de los afectados, y en un 9% el impacto fue calificado como grave por los propios encuestados.

Ante estos datos, la OCU recuerda la necesidad de reforzar la cobertura pública en áreas esenciales como la salud dental y la salud mental, así como garantizar la accesibilidad económica a tratamientos básicos. Una atención sanitaria eficaz, universal y equitativa, subraya la organización, es un pilar fundamental para el bienestar, especialmente de los colectivos más vulnerables.