El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, compareció este jueves en el Parlamento de Galicia para hacer balance de las medidas autonómicas destinadas a las personas y familias más vulnerables, y no dudó en señalar al Gobierno central como responsable de que una herramienta clave contra la pobreza no esté cumpliendo su cometido. Según el último informe de la Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (Airef), publicado el pasado mes de febrero, el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 20% de los hogares en situación de pobreza en toda España.

Parrado destacó que Galicia ha mejorado "considerablemente" sus indicadores de pobreza y exclusión social en los últimos años. Según los datos que manejó en su intervención, la tasa Arope —que mide el riesgo de pobreza y exclusión— se sitúa actualmente en la comunidad autónoma 3,6 puntos por debajo de la media nacional. Pese a este avance, insistió en que "mientras haya personas en dificultades económicas y sociales, seguiremos adoptando todas las medidas y esfuerzos que sean necesarios".

El responsable autonómico dedicó buena parte de su intervención a analizar la situación del Ingreso Mínimo Vital. "La pésima gestión y la falta de coordinación con las comunidades autónomas por parte del Gobierno central en la aplicación del IMV hace que esta prestación no esté consiguiendo su objetivo", sentenció. Frente a esta situación, defendió el papel de la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga), que, según explicó, da cobertura a personas que no han transitado o no tienen acceso al IMV, además de complementar los ingresos de quienes perciben una cuantía muy reducida de la prestación estatal.

"La Risga aporta garantías frente a las incertidumbres e inseguridades del IMV", subrayó Parrado, quien recordó que Galicia sigue reclamando al Gobierno central la transferencia de la gestión del IMV para poder implantar una ventanilla única que simplifique el acceso a las ayudas. Para sostener estas políticas, la Xunta enmarca en su estrategia la Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2023-2030, el trabajo conjunto con concellos y entidades del tercer sector, y el presupuesto específico de 130 millones de euros con el que cuenta su dirección general para este año. Más de 45 millones se destinan a administraciones locales y organizaciones del tercer sector para financiar los servicios sociales básicos y las iniciativas específicas de inclusión sociolaboral