La aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, está generando un profundo malestar entre los operadores jurídicos de la provincia. La senadora Pepa Pardo y el diputado nacional Juan Bayón mantuvieron esta semana una reunión en la sede provincial del PP con abogados y procuradores de Pontevedra para constatar sobre el terreno los efectos de una normativa que, según denuncian, está provocando "caos" e "inseguridade xurídica", especialmente en el ámbito del Derecho de Familia.

El encuentro sirvió para que los representantes populares trasladasen a dos de los colectivos más afectados las reclamaciones que están realizando ante el Estado y, al mismo tiempo, para escuchar de primera mano las dificultades prácticas que está generando la exigencia de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como trámite previo e ineludible. Según explicó la senadora Pepa Pardo, "a percepción xeralizada é que a imposición dos citados MASC como requisito obrigatorio previo convértese nunha barreira para o acceso á Xustiza", incidiendo en que se están produciendo mayores dilataciones de los procedimientos, especialmente en los procesos de familia.

El punto más crítico de la nueva normativa es su aplicación en los procedimientos que afectan a niños, niñas y adolescentes. La senadora popular recordó que la Asociación Española de Abogados de Familia ya ha solicitado la suspensión inmediata de la exigencia de los MASC en estos procesos al considerar que su imposición "desborda nos procedementos de Familia o interese dos menores". Obligar a las partes a un proceso de mediación o negociación previo antes de poder garantizar los derechos más básicos de los menores —como el derecho a los alimentos, a comunicarse con sus progenitores o a resolver discrepancias sobre el ejercicio de la patria potestad— está teniendo consecuencias directas sobre su bienestar. "En escenarios de alta conflitividade, a demora na resposta xudicial aviva o conflito en detrimento dos nenos, nenas e adolescentes", advirtió Pardo.

A la dilación de los procesos se suma un grave problema de inseguridad jurídica. Pardo destacó que la "deficitaria e contradictoria regulación" de algunos artículos de la ley está generando una enorme disparidad de criterios entre los diferentes juzgados de Primera Instancia, los Letrados de la Administración de Justicia e incluso los presidentes de las Audiencias Provinciales. Esta falta de uniformidad provoca un trato desigual a la ciudadanía en función del territorio.

Ante esta situación, y recordando que ya advirtieron de estos problemas durante la tramitación parlamentaria en el Senado, Pepa Pardo anunció que el Partido Popular ha registrado en la Cámara Alta una Proposición de Ley para modificar la norma con carácter urgente. La iniciativa popular busca ampliar los supuestos de excepción a la obligatoriedad de los MASC, excluyendo de este requisito a todos los procedimientos de familia, así como a los juicios monitorios, los de reclamación de cuotas impagadas a comunidades de propietarios y los juicios de desahucio. La senadora recordó que el Congreso de los Diputados ya aprobó el pasado mes de noviembre, con 185 votos a favor, una enmienda que instaba al Gobierno a modificar urgentemente las excepciones del artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025 para incluir los procedimientos de familia con menores. "É esencial unificar criterios e suspender de maneira inmediata a súa aplicación nos procedementos de familia", concluyó.