La Xunta ha lanzado una alerta sobre el anteproyecto de reforma del Reglamento General de Costas impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, al que acusa de querer "eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa" mediante el recorte arbitrario de los plazos de las concesiones. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, trasladó esta semana su "profunda preocupación" a los representantes de la Comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) al considerar que el texto supone un nuevo intento, tras los de 2018 y 2024, de desmantelar la actividad económica y social en el litoral.

El departamento que dirige Sara Aagesen sacó ayer a información pública el anteproyecto de real decreto, un texto que la Xunta está analizando en detalle pero del que ya extrae conclusiones preocupantes. Según denunció Vázquez, la reforma no responde a una exigencia de Bruselas, sino que fue el propio Ejecutivo central quien propuso a la Comisión Europea extender la aplicación de la directiva de servicios al sector productivo, yendo "más allá de lo que le pedía la Comisión". El objetivo, advierte, es "cambiar los títulos de concesión a las actividades económicas" para limitar su vigencia, abriendo incluso la posibilidad de revocarlas si los afectados no aceptan la modificación de los plazos.

La conselleira criticó la celeridad con la que se tramita la norma, que apenas 11 días hábiles después de cerrarse el periodo de consulta pública previa ya tiene redactado el texto definitivo, lo que a su juicio evidencia que "las alegaciones fueron a la basura". "El Gobierno central modifica las reglas del juego con la partida ya iniciada y, a quien no esté de acuerdo, lo expulsa del juego", lamentó la titular de Medio Ambiente, que considera que se trata de una "vulneración flagrante de los principios de legalidad y confianza legítima", al pretender suprimir prórrogas extraordinarias e incluso anular las ya concedidas.

Ante esta situación, la Xunta urge la convocatoria "más urgente que nunca" de una Conferencia Sectorial para que la ministra dé explicaciones a las comunidades autónomas. Además, Vázquez anunció que el Gobierno gallego y la Comisión Mar-Industria de la CEG han acordado crear un grupo de trabajo para analizar jurídicamente el texto y actuar de forma coordinada en defensa de los intereses de Galicia, recordando que más de la mitad de la población gallega vive vinculada a la costa y miles de familias dependen económicamente de actividades asentadas en el dominio público marítimo-terrestre.