El Consello Económico e Social de Galicia (CES) acogió esta mañana en Santiago de Compostela la presentación pública de la iniciativa "AP-9 Nosa e de balde", una campaña impulsada por la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) para reclamar al Gobierno del Estado el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia, el rescate de la concesión actual y la eliminación progresiva de los peajes en la principal infraestructura viaria del país.

En el acto participaron representantes de la administración autonómica y local, así como del tejido social, económico y cultural gallego. El secretario xeral de la UCGAL, Miguel López, advirtió de que la AP-9 se ha convertido en un símbolo de discriminación territorial, al mantener un sistema de peajes creciente en una infraestructura esencial para Galicia y sin alternativas reales para miles de usuarios."Galicia non pide privilexios; pide o mesmo trato que xa recibiron outros territorios do Estado", afirmó.

Una de las autopistas más caras del Estado

La AP-9 es el principal eje viario de Galicia y soporta el mayor volumen de tráfico de todas las autopistas del Estado, con más de 2.130 millones de kilómetros recorridos al año y una intensidad media superior a los 26.500 vehículos diarios. A pesar de esta elevada utilización, las tarifas acumulan un incremento superior al 25% desde 2022, muy por encima de la evolución del coste de vida en Galicia.

Mientras los peajes continúan aumentando, la concesionaria AUDASA mantiene beneficios elevados y recurrentes, con un beneficio neto situado en torno a los 85-90 millones de euros anuales en los últimos ejercicios. Según los datos expuestos, esta rentabilidad resulta especialmente significativa en una infraestructura que ya amortizó la inversión inicial hace décadas.

Además, se estima que el mantenimiento de los peajes en la AP-9 detrae de la economía gallega más de 150 millones de euros al año, recursos que podrían destinarse al consumo y la actividad económica del territorio.

Una concesión cuestionada por la Unión Europea

Otro de los elementos centrales del debate es la prórroga de la concesión hasta el año 2048, aprobada en el año 2000. En julio de 2025, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado dentro de un procedimiento de infracción contra el Reino de España al considerar que esa ampliación podría vulnerar el Derecho de la Unión Europea, al tratarse de una modificación sustancial de la concesión sin nueva licitación pública.

Galicia, una excepción en el proceso de liberalización

Desde 2018, el Gobierno del Estado inició un proceso de liberalización de autopistas que ha permitido liberar más de 1.000 kilómetros de vías de peaje en territorios como Cataluña, Aragón, Andalucía o Levante. Galicia, por el contrario, ha quedado fuera de este proceso, manteniendo una concesión prorrogada y un sistema de peajes creciente.

Las tres demandas de la iniciativa

La iniciativa "AP-9 Nosa e de balde" se articula en torno a tres reivindicaciones principales dirigidas al Gobierno del Estado: el traspaso inmediato de la titularidad de la AP-9 a Galicia, en coherencia con la voluntad expresada por el Parlamento gallego; el rescate de la concesión actual, para poner fin a un modelo que continúa garantizando elevados beneficios privados en una infraestructura ya ampliamente amortizada; y la anulación de las subidas abusivas de los peajes, abriendo un horizonte real de gratuidad para una vía considerada esencial para la movilidad y la cohesión territorial de Galicia.

En el marco de esta iniciativa se ha puesto en marcha una campaña de recogida de apoyos a través de la plataforma Change.org, con el objetivo de sumar el respaldo de la ciudadanía y trasladar al Gobierno del Estado la existencia de un amplio consenso social en Galicia sobre la necesidad de revisar el modelo actual de la AP-9.